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Domingo, 03 agosto

Las ventas en las gasolineras extremeñas cayeron un 40 por ciento en el primer semestre del año respecto a finales de 2013, debido a los problemas del sector, según Aresex.


El presidente de la Asociación de Gasolineras y Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Casto Bravo, ha advertido a Efe de que estas cifras demuestran las repercusiones "tan negativas" de la competencia de las gasolineras "low cost" y del mantenimiento del céntimo sanitario.


En concreto, ha precisado que las ventas en las estaciones de servicio tradicionales extremeñas, ubicadas cerca de las nuevas gasolineras "low cost" -desatendidas-, han caído una media del 50 por ciento en el último semestre.


Según Bravo, pese a la diversificación de muchas gasolineras tradicionales -han incorporado nuevos formatos de tiendas o servicios como limpieza-, una veintena ha echado el cierre durante el último año -una decena de ellas en lo que va de 2014-.


En su opinión, hace diez años no había "ninguna" estación de servicio en venta en la comunidad, pero ahora muchas no verían mal traspasar sus negocios debido a la difícil situación del sector.


Además, ha lamentado que el Gobierno extremeño no haya aún suprimido el céntimo sanitario, pues debido a este gravamen no se aprovecha el mayor tránsito de coches por la región durante el las vacaciones de verano.


Bravo ha criticado que el céntimo sanitario esté en Extremadura en el tramo más alto, lo que produce un "efecto frontera", es decir, que muchos viajeros prefieren repostar en Castilla La Mancha o Andalucía pues se ahorran unos tres céntimos el litro de carburante.


Por este motivo, el responsable de Aresex ha urgido al Gobierno autonómico a que elimine o reduzca el céntimo sanitario tal y como prometió, y ha lamentando la inacción en este tema y en el de las gasolineras "low cost".


En este sentido, ha subrayado que las gasolineras desatendidas no están generando empleo y además destruyen trabajos en las estaciones de servicio tradicionales.


Casto ha apuntado que el Ejecutivo regional se comprometió a reuniones periódicas con el sector tradicional para abordar las repercusiones de las "low cost", pero tras los cambios en la Dirección General de Industria y Energía, las negociaciones comienzan de nuevo.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

Los TSJ exigen a Hacienda devolver el céntimo sanitario,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com

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Viernes, 01 agosto

Las gasolineras de la provincia de Ciudad Real prevén el mejor verano de los últimos años para el sector gracias al abaratamiento de los carburantes de las últimas semanas. En concreto, los profesionales valoran un mes consecutivo de descensos en todo el territorio nacional y, pese a a estar lejos de sus mejores registros, esperan un repunte de las ventas a lo largo del periodo estival de la mano de esta bajada de los precios.

Así, los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria revelan que el importe medio del litro de gasolina 95 en las estaciones de servicio de la provincia despidió ayer el mes de julio a 1,393 euros frente a los 1,46 con los que se inició el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el gasóleo también ha caído desde 1,37 euros a 1,311 durante los últimos doce meses.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Ciudad Real y vicepresidenta de la patronal estatal, Isabel Rodríguez Teruel, comentó a este diario que esta bajada de los precios «contrasta con las teorías de aquellos que dicen que las grandes petroleras siempre suben los precios con el inicio del verano», al tiempo que sostuvo que el abaratamiento se produce por circunstancias «del mercado» que han rebajado el valor del crudo. Además, Rodríguez Teruel subrayó que «para nosotros es mucho mejor, porque se reactiva el mercado», si bien instó a los conductores «a mirar la calidad y no sólo el precio».

En cuanto a los consumos, la responsable de la patronal ciudadrealeña descartó una reactivación y sostuvo que el inicio de la recuperación «no llegará hasta finales de 2015» aunque manifestó que «la gente se está moviendo (la DGT prevé más de 200.000 desplazamientos en la operación primero de agosto) y éste puede ser uno de los mejores veranos de los últimos años». Eso sí, dijo que julio y agosto no son meses representativos y que habrá que esperar a octubre para ver realmente en qué situación se encuentran las gasolineras ciudadrealeñas. Al respecto de los precios, Isabel Rodríguez Teruel destacó que el combustible «está en la actualidad entre 13 y 14 pesetas más barato que el año pasado».

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 31 julio

Cinco personas han sido detenidas por robar gasóleo de vehículos industriales y explotaciones agrícolas de Calatayud, Lécera, Cariñena y Machones, ha informado hoy la Policía Nacional


Los detenidos, a los que se incautó unos 400 euros en efectivo y dos vehículos, fueron sorprendidos cuando distribuían 200 litros de gasóleo en garrafas para su posterior venta.


Al parecer, el dinero procedía de la venta del combustible, que se ha intervenido junto a diversas herramientas utilizadas para consumar los robos.


Por otra parte, la Policía Nacional de Calatayud ha detenido a un menor por su presunta implicación en el robo de dieciséis casetas rústicas en los meses de enero y febrero,


Una dotación policial sorprendió al menor en posesión de un efecto sustraído en uno de los robos, lo que permitió su posterior imputación en los restantes.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Lunes, 28 julio

Las gasolineras se han convertido en el objetivo principal de una activa banda de atracadores que utiliza coches previamente sustraídos y que acumula una veintena de atracos en los últimos tres meses en pueblos de la provincia de Valencia. La oleada de robos mantiene en jaque a la Guardia Civil y a los empleados del sector de las estaciones de servicio.


Amenazados con cuchillos y a veces incluso agredidos, los trabajadores de los establecimientos asaltados temen que los violentos delincuentes regresen. Los últimos cuatro robos cometidos esta misma semana tuvieron lugar en gasolineras de Quart de Poblet, Sagunto, Benaguacil y San Antonio de Benagéber. Dos individuos que empuñaban sendos cuchillos de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales, intimidaron a los empleados de las gasolineras y se apoderaron de las recaudación del día, una cantidad que ascendía entre 300 y 500 euros, tras amenazarlos de muerte


Luego huyeron a toda velocidad con vehículos que habían robado en distintos puntos de la geografía de la Comunitat. Uno de los coches utilizados por los atracadores, un Ford Escort, ya ha sido recuperado en el término municipal de Paterna, donde lo abandonaron poco después del robo. Los delincuentes utilizan armas blancas y no dudan en emplear la violencia para atemorizar a sus víctimas y apoderarse de la recaudación del establecimiento. Su zona de actuación es muy amplia, por lo que es muy difícil prever dónde cometerán el próximo robo.


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La Guardia Civil y la Policía Nacional buscan intensamente a estos atracadores. Los investigadores les atribuyen una veintena de asaltos en diferentes establecimientos de la provincia de Valencia, la mayoría de ellos en gasolineras. La policía aconseja no oponer resistencia y entregar a los delincuentes el dinero para evitar agresiones.


El pasado 11 de abril, dos individuos atracaron la gasolinera de El Saler, situada frente a l'Oceanogràfic y a pocos metros del centro comercial del mismo nombre, armados con una pistola. Tras golpear al empleado lo rociaron también con un espray de espuma.


Los hechos ocurrieron sobre diez de la noche cuando el trabajador se disponía a recoger los extintores de la tienda para cerrar el establecimiento. En ese momento, dos hombres corpulentos, que aguardaban escondidos, se abalanzaron sobre él de manera sorpresiva. Uno de los asaltantes empuñaba una pistola, que utilizó para golpear al trabajador. El otro le propinó varios golpes en la cara y luego obligaron a la víctima a entrar en la oficina para que les entregara el teléfono móvil y la recaudación del día.


En Alboraya, un individuo corpulento irrumpió en otra gasolinera y comenzó a propinar puñetazos a los dos empleados para después rociarlos con un aerosol de pimienta. El atracador robo 2.500 euros y huyó con una moto de la marca Kymco.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 11 julio

 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa Estaciones de Servicio y BP Oil España por incumplir una resolución de las autoridades de competencia.


En concreto, la ya extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dictó en julio de 2009 una resolución en la que declaraba acreditada la existencia de una práctica restrictiva de la competencia de la que resultó autora la empresa Cepsa.


A finales del año pasado, el consejo de la CNMC declaró el incumplimiento de esta resolución, tras lo que se activó una investigación que ahora deriva en un expediente dirigido a los tres grandes operadores del sector.


En la resolución de 2009, Competencia declaraba acreditada la existencia de una práctica restrictiva de la competencia imputable a Cepsa, cuya actuación consistía en la fijación indirecta del precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera.


Esta práctica había que quedase restringida la competencia entre las estaciones de servicio de la red del operador y entre el resto de estaciones de servicio.


En una resolución del pasado 20 de diciembre de 2013, el consejo de la CNMC declaró que se había producido un incumplimiento de la resolución del 30 de julio de 2009.


Ante estas circunstancias, el organismo presidido por José María Marín Quemada puso en conocimiento de la Dirección de Competencia estas circunstancias "para valorar, a la vista de los hechos que rodean a tal incumplimiento, si el mismo es constitutivo o no de infracción, así como el alcance y efectos que el mismo haya podido tener", señala el regulador en una nota.


Tras considerar estos aspectos, la Dirección de Competencia acordó en pasado 2 de julio incoar los respectivos expedientes sancionadores contra Repsol, Cepsa y BP.


Los expedientes serán tramitados según el procedimiento de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que la incoación de dicho expediente prejuzgue la resolución final, indica el regulador. MULTAS Y EXIGENCIAS.


En julio de 2009, la CNC llegó a multar a estas tres empresas con un total de 7,9 millones por unas prácticas comerciales que, a efectos práctivos, equivalen a fijar indirectamente los precios de venta al público.


En concreto, Competencia multó en ese momento a Repsol con cinco millones de euros, a Cepsa con 1,8 millones de euros y a BP con un 1,1 millones de euros.


Como parte de esta iniciativa, exigió a las empresas que eliminasen cualquier cláusula contractual, así como aquellos elementos de su relación comercial, que tengan por efecto la fijación indirecta de precios.


También obligó a las tres operadoras a abstenerse de realizar en el futuro las prácticas sancionadas y a publicar la parte dispositiva de la resolución en el plazo de dos meses.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Domingo, 29 junio

 Las ventas de las gasolineras tradicionales extremeñas, que dan trabajo a una 1.000 personas, están "en caída libre" debido a factores como la "competencia brutal" de las estaciones de servicio de supermercados y de cooperativas agrarias, y por la subida de los precios en el verano.


Así lo ha dicho hoy, en declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación Regional de Gasolineras y Estaciones de Servicio de Extremadura, Casto Bravo.


Bravo ha señalado que esas circunstancias hacen que el sector extremeño, compuesto por unas 200 gasolineras, esté en decadencia.


Ha explicado que las estaciones de servicio tradicionales son "comidas" por los entre 400 y 500 puntos de venta de supermercados y cooperativas agrarias, entre otras entidades, que no cuentan apenas con trabajadores para atender a los clientes.


Además, como agravante coyuntural Bravo ha lamentado la subida de los precios de los carburantes debido a la actitud de las grandes empresas petroleras de incrementarlos "cuando quieren", especialmente durante las épocas vacacionales.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

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A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 12 junio

 La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Tarragona emitió ayer un comunicado, firmado por su presidente, Pere Samarra, en el que defendía la honorabilidad del sector, a raíz de la operación policial que se llevó a cabo la semana pasada en diferentes puntos del Estado con la desarticulación de una presunta trama de adulteración de gasóleo, que se saldó con 95 detenidos en toda España, seis de ellos en la provincia de Tarragona.


Para empezar, Pere Samarra defiende «la honorabilidad de nuestro sector que, en las actuales circunstancias, se ha visto salpicado por un caso puntual de fraude y que de ninguna de las maneras es una muestra representativa».


Además, el presidente de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Tarragona «desde nuestra entidad, y respetando el proceso judicial que deberá esclarecer los hechos, condenamos sin reservas cualquier tipo de actuación ilícita que pueda perjudicar a nuestros clientes y la seguridad o rendimiento de sus vehículos». Por último, Pere Samarra también aprovecha para dejar claro que «a pesar de la crisis económica que estamos sufriendo y de los problemas que atravesamos, continuaremos trabajando con responsabilidad y profesionalidad para satisfacer sus necesidades».


La Operación ‘Nahar’, llevada a cabo por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, se desarrolló el jueves de la semana pasada en diferentes provincias españolas. Seis de las 95 detenciones se produjeron en la provincia de Tarragona, según confirmaron al Diari fuentes de la Guardia Civil. Tres de estas personas quedaron en libertad con cargos tras declarar en sede policial. Las otras tres declararon ante el juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), donde el juez decretó prisión bajo fianza de 200.000 euros para dos de ellas, mientras que una tercera quedó en libertad con cargos. Durante la operación, la Guardia Civil también registró las oficinas del Grup Simon en Reus y una de sus gasolineras de la carretera C-37, entre Alcover y Valls.


  

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 12 junio

 La Associació Provincial d’Estacions de Servei de Tarragona emitió ayer un comunicado, firmado por su presidente, Pere Samarra, en el que defendía la honorabilidad del sector, a raíz de la operación policial que se llevó a cabo la semana pasada en diferentes puntos del Estado con la desarticulación de una presunta trama de adulteración de gasóleo, que se saldó con 95 detenidos en toda España, seis de ellos en la provincia de Tarragona.


Para empezar, Pere Samarra defiende «la honorabilidad de nuestro sector que, en las actuales circunstancias, se ha visto salpicado por un caso puntual de fraude y que de ninguna de las maneras es una muestra representativa».


Además, el presidente de la Associació Provincial d’Estacions de Servei de Tarragona «desde nuestra entidad, y respetando el proceso judicial que deberá esclarecer los hechos, condenamos sin reservas cualquier tipo de actuación ilícita que pueda perjudicar a nuestros clientes y la seguridad o rendimiento de sus vehículos». Por último, Pere Samarra también aprovecha para dejar claro que «a pesar de la crisis económica que estamos sufriendo y de los problemas que atravesamos, continuaremos trabajando con responsabilidad y profesionalidad para satisfacer sus necesidades».


La Operación ‘Nahar’, llevada a cabo por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, se desarrolló el jueves de la semana pasada en diferentes provincias españolas. Seis de las 95 detenciones se produjeron en la provincia de Tarragona, según confirmaron al Diari fuentes de la Guardia Civil. Tres de estas personas quedaron en libertad con cargos tras declarar en sede policial. Las otras tres declararon ante el juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), donde el juez decretó prisión bajo fianza de 200.000 euros para dos de ellas, mientras que una tercera quedó en libertad con cargos. Durante la operación, la Guardia Civil también registró las oficinas del Grup Simon en Reus y una de sus gasolineras de la carretera C-37, entre Alcover y Valls.


  

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 11 junio

 El último Consejo de Ministros ha aprobado una reducción de las comisiones de intercambio aplicables a las operaciones comerciales liquidadas con tarjetas de crédito o débito. La medida, incluida en un “Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”, fija una comisión máxima del “0,2% del valor de la transacción para las tarjetas de débito y del 0,3% para las tarjetas de crédito”.


Según explica el propio Gobierno, su decisión “mejorará la rentabilidad y la financiación del comercio” y supone la anticipación de una propuesta de Reglamento europeo que entrará en vigor en un plazo aproximado de un año.


En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que la reducción de las comisiones a las que deben hacer frente los establecimientos comerciales al cobrar una transacción con plástico que se cobran por pagar con una tarjeta “afecta especialmente a las pequeñas compras y a los pequeños comercios”, entre los que se encuentran las estaciones de servicio.


En palabras de la propia vicepresidenta, la nueva regulación evitará que las citadas comisiones “sean abusivas”, con lo que parece dejar la puerta abierta a reconocer que sí lo han sido hasta ahora. Así lo cree desde luego el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona y vicepresidente de Aevecar, Manuel Amado, uno de los gasolineros que más duramente ha peleado para reducir el importe de las comisiones de las tarjetas.


“Buena noticia”

Según Amado, la rebaja de las comisiones “es una buena noticia”, máxime cuando el sector ha venido haciendo frente a unos cargos que ascendían al 0,7% o 0,8% del montante total de la operación, aunque en algunos casos llegan al 1,5%.


Sin embargo, en declaraciones a Estaciones de Servicio Amado recuerda que el sector del carburante ya tenía armas para luchar contra las elevadas comisiones, pues desde hace tiempo se podía cobrar un recargo del 1% a quien abonara sus compras con tarjeta, aunque lo cierto es que prácticamente ningún empresario ha puesto en práctica esta medida porque, tal y como reconoce Manuel Amado, los gasolineros no dejan de ser “simpatizantes competidores”.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 11 junio

 La Asociación Segoviana de Estaciones de Servicio (ASES), integrada en FES, en la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio y en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, cree que la desarticulación de la red nacional que comercializaba gasóleo adulterado (operación Nehar) es "una muy buena noticia tanto para el sector como para los consumidores", ya que este tipo de prácticas fraudulentas perjudica notablemente los intereses de unos y otros.


Por ello, desde ASES se felicita a la Guardia Civil y a la Agencia Tributaria por el trabajo realizado, y se pide que se aplique la ley a los defraudadores, que se les identifiquen cuanto antes y se mantenga la vigilancia para seguir evitando este tipo de delitos.


ASES aplaude la desarticulación del fraude y defiende "la honestidad de la abrumadora mayoría de los empresarios del sector"

Al mismo tiempo, y con rotundidad, ASES defiende la honestidad de la “abrumadora mayoría” de los empresarios del sector en la provincia, "que llevan años superando todo tipo de dificultades, tanto generales de todas las empresas como específicas de este sector, y lo hacen con esfuerzo, sacrificio y limpieza".


De modo que la Asociación lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores, a quienes pide que mantengan la confianza.


ASES se reserva el derecho a emprender acciones judiciales si se demuestra que, como todo hace indicar, hay una estación de servicio en la provincia de Segovia implicada en esta trama.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Lunes, 09 junio

 El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Javier Bru, ha calificado como “una excelente noticia” la desarticulación por parte de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria de una trama -en la que participaban 47 gasolineras- que lavaba y adulteraba gasóleo B para posteriormente venderlo como diésel de automoción.


En declaraciones exclusivas a Estaciones de Servicio, el presidente de la patronal de gasolineros se ha mostrado particularmente duro con los implicados en la Operación Nehar y ha sido tajante: “Que se lleven por delante a todo aquel que esté involucrado”, ha subrayado Bru.


De hecho, CEEES ha mantenido en el pasado encuentros con altos mandos de la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil (UCO), a quienes trasladó algunos de los problemas que afectan al sector de la distribución de carburante. “Nos reunimos hace ya un tiempo con ellos y la confederación y yo mismo nos pusimos a su disposición”, explica Javier Bru, quien matiza que esa oferta sigue en pie.


Con respecto a los hechos delictivos destapados por la Operación Nehar, el presidente de la CEEES ha manifestado a esta revista su deseo de que las diligencias del caso dejen de ser secretas para que los consumidores sepan quienes han participado en el fraude, que tal y como explicaron la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha costado a la Hacienda Pública 5,5 millones de euros sólo en concepto de Impuesto de Hidrocarburos y sólo en un lapso de ocho meses.


No afectará a la imagen del sector

En cualquier caso, Javier Bru ha expresado su confianza en que “lo que hayan hecho cuatro chorizos no va a afectar a la imagen de más de 10.000 estaciones de servicio”. Preguntado acerca del modo en el que este tipo de fraudes podrían evitarse en un futuro, el presidente de la CEEES es menos optimista, puesto que “el carburante es un producto muy sensible a este tipo de prácticas debido a su alta carga impositiva”.


Por eso, el máximo responsable de la CEEES lanza una advertencia a los consumidores: “Nadie da duros a cuatro pesetas”, dice Bru, quien explica que la mala situación económica propicia que “siempre habrá alguien que quiera aprovecharse”. Por ello, la ciudadanía debe permanecer alerta para no ser víctima de este tipo de prácticas, “que también se producen en otros sectores, como el alimentario, tal y como se demostró con el caso de la Colza”.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Sábado, 07 junio Un empresario de la Vall d’Uixó, que responde a las iniciales T.T.S., es uno de los cerca de 100 detenidos en la macrooperación desarrollada por la UCO de la Guardia Civil a nivel nacional por adulterar gasóleo de tractores y maquinaria para uso en vehículos. Los agentes registraron dos naves industriales --una en el polígono Belcaire de la Vall y otra en el polígono Transcastell de Almenara, ambas propiedad del detenido-- en las que hallaron bidones con la mezcla fraudulenta listos para ser distribuidos fuera de la provincia de Castellón, sin que haya trascendido la cantidad y los litros de combustible, tal y como confirmaron a Mediterráneo fuentes de la investigación.


Estas dos naves industriales del arrestado formaban, según la UCO de la Guardia Civil, dos de los nueve centros de transformación que la red tenía por toda España. Su papel en la macroorganización pasaba por fingir la recepción del gasóleo bonificado, justificando con ello el destino legal que teóricamente daba el proveedor a este gasóleo B y C (destinado a tractores), pero en realidad se trataba de meras entregas falsas, que ocultaban toda la actividad de transformación, adulteración y defraudación paralela que efectuaba la red. Después este producto adulterado era vendido como gasóleo A, el destinado a vehículos que tiene unos impuestos más elevados y, por lo tanto, mayor precio.


5,5 MILLONES // Al parecer, el empresario de la Vall d’Uixó, junto al resto de detenidos en la operación denominada Nehar (98 en 24 provincias españolas) habría estafado con este sistema “miles de euros”, sin que haya trascendido en concreto la cantidad. No obstante, a nivel general la trama llegó a defraudar más de 5,5 millones de euros a la Hacienda Pública por el impuesto especial de hidrocarburos, a lo que se sumaría la defraudación por determinar en el IVA y otros impuestos.


Las investigaciones se iniciaron en el 2011 por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. A los 98 detenidos hay que sumar 52 entradas y registros. Se ha procedido a la incautación de 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles. La trama estaba compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana).


La macroorganización alcanzaba a toda la cadena comercial de los hidrocarburos. Así, en la trama intervenían proveedores de hidrocarburos, transportistas, centros clandestinos de transformación y clientes del producto final (estaciones de servicio cómplices y grandes consumidores). Están implicados una fábrica de biodiesel; 37 titulares de establecimientos dedicados a la producción, distribución y comercialización al por mayor de hidrocarburos, 46 estaciones de servicio, 13 transportistas, 9 posibles centros de transformación, así como numerosos receptores de facturas falsas. H

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Sábado, 07 junio La Operación Nehar de Guardia Civil y Agencia Tributaria contra el presunto fraude en la comercialización de gasóleo de automoción se ha saldado en Almería con la detención de ocho personas y seis registros policiales bajo orden judicial tanto en gasolineras como en naves industriales y domicilios.


La actuación en la provincia se ha centrado en las comarcas del Almanzora y Los Vélez, donde se localizaban las ramificaciones almerienses de la trama que, al parecer, vendía gasóleo de automoción adulterado a gasolineras y transportistas y habría defraudado más de 5,5 millones de euros a Hacienda por el impuesto especial de hidrocarburos.


Los agentes han arrestado a tres personas en Cantoria, otras tres en Vélez Rubio, dos en la barriada de Palomares (Cuevas del Almanzora), una en Albox y otra en Huércal-Overa. Los registros se han repartido en Cantoria, donde se han efectuado tres, en Vélez Blanco y dos en Vélez Rubio.


Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han concluido con una actuación combinada en 24 provincias que llevó a la detención de 98 personas. Se les imputa como presuntos autores de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal, y a la realización de 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas. En el marco de estas actuaciones se ha procedido a la incautación de 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles.


La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), adquiría gasóleo agrícola y de calefacción ('B' y 'C'), bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo 'A' y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal. Así reducía notablemente sus costes, pese a los perjuicios que se pudieran ocasionar al consumidor, dada la baja calidad del carburante. La trama provocaba un importante perjuicio para otros operadores, afectados por esta competencia desleal.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 06 junio ELa patronal de las gasolineras pide saber cuáles son las defraudadoras. vicepresidenta de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES ), Isabel Rodríguez, ha exigido hoy al Gobierno que dé a conocer cuáles son las gasolineras que se dedicaban a adulterar gasóleo y ha defendido que el 99% del sector es "honrado".

 

Rodríguez, que también es presidenta de la Federación de Estaciones de Servicio de Castilla-La Mancha (Fecamaes), ha hecho estas declaraciones sobre la red dedicada a la adulteración de gasóleo desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, que tuvo su origen en Yuncos (Toledo).

 

"Queremos que el peso de la ley caiga sobre los culpables", ha aseverado la vicepresidenta de la CEES, quien ha reconocido el daño de este tipo de operaciones a la imagen del sector. Rodríguez ha defendido que el 99% del sector es "honrado" y no existe "la menor duda" sobre ello.

Ante esta situación, ha exigido al Gobierno que ofrezca "los nombres y apellidos" de los culpables, ya que "no puede quedar en entredicho el colectivo", ha insistido.

 

Rodríguez ha apuntado que las gasolineras son unas de las instalaciones que más inspecciones tienen que pasar y ha criticado el daño que hacen al sector aquellas que ponen sus precios muy bajos y adulteran la gasolina.

 

La vicepresidenta de la CEES ha confiado en aquellas gasolineras que tienen bandera (pertenecientes a un grupo) y ha recomendado a los usuarios que sospechen si la diferencia de precio entre gasolineras es muy alta. Además, ha aconsejado observar el filtro de la gasolina para saber si se está dañando el coche, algo que se puede ver si, por ejemplo, tiene mucha grasa, lo que indica que "el producto no es propio para ese vehículo".

 

La operación "Nehar" fue iniciada por la Agencia Tributaria en 2011 y se ha realizado en 24 provincias de once comunidades autónomas. En total, la operación se ha saldado con 98 detenidos, 52 registros y 50 inspecciones en gasolineras.

 

 

Empresarios madrileños de gasolineras demandarán a red que adulteraba gasóleo


Por su parte, la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (AEESCAM ) ha pedido hoy al Gobierno que haga público el nombre de los responsables de la red que adulteraba gasóleo para poder interponer una demanda por competencia desleal.

 

Los empresarios de las gasolineras de la región consideran "prioritario" que se dé a conocer el nombre de las estaciones de servicio y empresarios implicados en un fraude que les afecta "directamente" porque daña la credibilidad de más de 11.600 estaciones y merma la confianza de sus clientes.

 

La AEESCAM ha querido mostrar en un comunicado "su total rechazo e indignación" a unas actitudes que "no son norma" en un sector altamente regulado y vigilado.

 

Ha aprovechado también para felicitar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Agencia Tributaria por desarticular esta red, que llegó a defraudar a Hacienda 5,5 millones de euros sólo en el impuesto de Hidrocarburos.



Leer más:  Empresarios de gasolineras, contra adulteradores de gasóleo - Autobild.es  http://www.autobild.es/noticias/empresarios-gasolineras-contra-red-adulteradores-223795#ZqW1UQbeQfrOiRFx

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Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 06 junio El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Javier Bru, aplaudió ayer la operación llevada a cabo la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera contra la red dedicada a adulterar gasóleo. "La confederación está rotundamente de acuerdo (...). Los empresarios somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades. Aquel que no cumpla con la normativa debe quedar fuera de éste o de cualquier otro sector", afirmó Bru a Efe . También se han pronuciado al respecto organizaciones de consumidores, como es el caso de Facua, que reclamó que las autoridades den a conocer el nombre de las gasolineras implicadas en el fraude.


El portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, pidió "transparencia" para que trasciendan los nombres de las gasolineras implicadas en el presunto fraude porque "se ha creado una sombra de sospecha sobre todo el sector de gasolineras".


Al hablarse de una operación en toda España, "los consumidores ahora van a sospechar que las gasolineras a las que ellos acuden habitualmente pueden estar relacionadas y hay que despejar esa incógnita", según Sánchez. Además, el portavoz de Facua comentó que si un consumidor ha repostado en una gasolinera que puede estar dentro de la trama, "su coche tiene un riesgo de avería" y podría necesitar alguna revisión. Además, se debería reclamar la indemnización por daños y perjuicios.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 06 junio La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Toledo ha expresado su conformidad con las actuaciones policiales que se desarrollan contra la adulteración de gasóleo y abogan por que se persiga «de forma contundente» a todos los que están llevando a cabo actuaciones fraudulentas.


En un comunicado enviado ayer por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), los empresarios de estaciones de servicio expresaron su conformidad con las actuaciones de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, en la operación nacional que desarrollan contra grupos criminales dedicados a adulterar el gasóleo con la connivencia de estaciones de servicio, como ha ocurrido en la provincia de Toledo.


La asociación que aglutina a los empresarios toledanos del sector subrayó que está «absolutamente a favor de que se lleven a cabo este tipo de acciones». También consideró oportuno «que se persiga de forma contundente a todo aquel cuyas actuaciones sean fraudulentas».


Asimismo, indicó que la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Toledo mantiene «una estrecha colaboración» con las autoridades competentes en esta materia «para apoyar» las investigaciones que se realizan.


Toledo es una de las provincias en las que la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desarrollan una operación contra una decena grupos criminales dedicados a adulterar el gasóleo con la connivencia, en muchos casos, de gasolineras, en la que se esperan decenas de detenidos, muchos de ellos empresarios relacionados con hidrocarburos.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 05 junioL El presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Javier Bru, ha aplaudido la operación llevada a cabo la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera contra una red criminal dedicada a adulterar gasóleo en muchos casos, en connivencia con gasolineras.


"La confederación está rotundamente de acuerdo (...). Los empresarios somos los primeros interesados en que se depuren responsabilidades. Aquel que no cumpla con la normativa debe quedar fuera de éste o cualquier de otro sector", ha afirmado Bru en declaraciones a Efe.


En el marco de la operación, desarrollada en casi una treintena de provincias, los agentes están llevando a cabo decenas de registros en domicilios, gasolineras y en polígonos industriales donde se alteraba el combustible.


Al parecer, gasolineras de distintas empresas podrían estar implicadas en este fraude consistente en adulterar gasóleos agrícolas y de calefacción para su uso en coches y camiones, así como en "engordarlos" con otros hidrocarburos y sustancias.


Dado su precio más barato, miles de consumidores han repostado este combustible sin ser conscientes del peligro que entrañaba para sus vehículos, según las fuentes, que han destacado que en este fraude están implicadas organizaciones criminales que además de dedicarse a esta actividad desarrollaban otras también ilícitas como tráfico de drogas.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

Los TSJ exigen a Hacienda devolver el céntimo sanitario,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com


Miércoles, 04 junio La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha constatado que la Semana Santa provocó el "tradicional repunte" de los precios de los carburantes, de tal forma que entre los lunes 14 y 21 de abril el precio de la gasolina 95 se incrementó un 1,3% y el del gasóleo un 1,1%.


Según consta en su último informe de supervisión sobre la distribución de carburantes en estaciones de servicio, el Precio de Venta al Público (PVP) promedio del gasóleo en la Península y Baleares se mantuvo en abril, situándose en 1,334 euros el litro, su nivel más bajo desde junio de 2012. Por el contrario, el precio promedio de la gasolina 95 aumentó un 1,5%, hasta 1,426 euros el litro.


El margen bruto de distribución se redujo en abril un 0,5% en el caso de la gasolina y un 1,4% en el caso del gasóleo. Por otro lado, en marzo, la demanda de carburantes superó por tercer mes consecutivo a la registrada un año antes y se incrementó un 10% respecto al mes de febrero.


BP continúa marcando los precios más bajos con respecto a los dos operadores principales, Cepsa y Repsol, que siguen alineados, principalmente en el gasóleo, señala la CNMC. No obstante, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha subrayado que, "como viene siendo habitual", las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos, ampliando las diferencias con los precios de las instalaciones integradas en redes de operadores.


Según Competencia, España continúa registrando uno de los precios más altos de la UE antes de impuestos. En el caso de la gasolina, España se sitúa en el tercer puesto en el ránking de precios y en el caso del gasóleo en la séptima posición. No obstante, el organismo puntualiza que los precios finales son "comparativamente más bajos" porque la carga impositiva es 17 céntimos inferior en la gasolina y 9 céntimos menor en el gasóleo.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 04 junio ElComo mezclar fuego y gasolina. Así es para la patronal y el sindicato UGT la proliferación de surtidores de combustible de bajo coste. El sector de estaciones de servicio convencionales muestra así «inquietud» y teme por los puestos de trabajo de sus empleados, al no poder competir, dicen, con los bajos precios de empresarios que ahorran en nóminas de trabajadores.


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A la lucha que la Plataforma de afectados por la gasolinera del residencial Ronda, en la Mejostilla, mantiene con el Ayuntamiento de Cáceres se suman también la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aserex) y los agentes sindicales. El mensaje es claro: «Las gasolineras de bajo coste acarrean deficiencias de seguridad y tienen repercusión en el empleo de los surtidores convencionales».

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 29 Mayo El Ministerio de Hacienda ha puesto su punto de mira en las cooperativas agrícolas debido a una estricta interpretación de la gestión y tramitación del gasóleo B, lo que supondrá para algunas entidades de la comarca de la Janda la devolución de entre 300.000 y 12.000 euros que no fueron contabilizados por medio de tarjetas de crédito por estas entidades.


Así, la Cooperativa Divino Salvador (Codisal) de Vejer, deberá afrontar un desembolso de unos 300.000 euros. Según ha apuntado el gerente de esta entidad, David Suárez, a los micrófonos de la Ser en la Janda, "nos han detectado de que la tarjeta que se utiliza para el uso agrícola y ganadero, que es la tarjeta del gasóleo B, que es una tarjeta bancaria, no se había procesado en el mismo instante del suministro del agricultor y ganadero".


Según explicó Suárez, "el gasóleo B, con respecto al gasóleo A, tiene una bonificación en impuestos de 28'5 céntimos por litro, por lo que reclaman la devolución de ese impuesto por no haber pasado la tarjeta de la entidad bancaria en el mismo instante del suministro". En el caso de Codisal pasa de los 300.000 euros, ya que también hay que aplicar los intereses de demora.


En la misma situación de la cooperativa vejeriega, están las dos de Conil, y otras de la sierra de Cádiz, como la de Alcalá del Valle a la que se reclaman 120.000 euros. En el caso concreto de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, la reclamación por parte de Hacienda asciende a 12.000 euros, más dos mil en intereses, según ha expuesto su gerente, Bartolomé Ramírez. Ese montante corresponde al combustible que la propia entidad usó para su maquinaria y un semillero que funciona con calefacción, y que no fue autocomprado con la tarjeta bancaria.


Bartolomé Ramírez asegura que no han cometido ningún delito, "lo único que han hecho las cooperativas es sufragar al agricultor, y ayudar a aquel que ha necesitado dinero, y que el banco no se lo ha querido dar, facilitándole el gasóleo para que podamos sembrar nuestro campos".

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 28 Mayo  La Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio y la Subdelegación del Gobierno en Córdoba han presentado hoy en la sede de CECO la puesta en marcha de una campaña para denunciar los hurtos y robos en las gasolineras de la provincia.

Entre las principales medidas que se van a adoptar está la de colocar carteles con advertencias en las más de 160 estaciones de servicio repartida por toda la provincia. Se trata, en palabras del subdelegado del Gobierno, José Antonio Primo Jurado, de una campaña de seguridad similar a la desarrollada en los taxis de la capital y que pretende ser un «aviso a maleantes» a través de unos carteles con el logotipo de la Policía Nacional que les advierte de que las faltas o delitos serán inmediatamente denunciados».

Por su parte, en la presentación Antonio García Mellado, presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, ha asegurado que esta campaña deberá ir unida a una mayor presencia policial con lo que se pretende es intentar paliar estas faltas, generalmente son hurtos en las tiendas de conveniencia de las gasolineras, o impagos de combustible cuando repostan y se marchan sin pagar.

En cualquier caso, no se trata de una situación alarmante, ya que las cantidades son pequeñas, ha admitido la patronal.

Por su parte, Primo Jurado ha reconocido que no le preocupa que estas faltas o hurtos hagan subir las estadísticas de delitos, porque lo que verdaderamente preocupa no son que se disparen las estadísticas sino que no haya «cifras negras» de delitos que quedan impunes.


Por su parte, desde el área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Antonio Valdivia, ha asegurado que la campaña puesta en marcha lo que pretende es ser «disuasoria» a la vez que ha recordado que los empresarios de las estaciones de servicio pueden formular sus denuncias por internet, evitando colas y sólo ir a comisaría a ratificarlas en la fecha y hora que les indique.


Por último, la Subdelegación y los propios empresarios de las estaciones de servicio no han sabido precisar el número de robos o hurtos en las gasolineras cordobesas aunque «es muy bajo pero sólo uno de cada cuatro faltas o robos eran denunciados al tratarse de muy pequeñas cuantías», han aclarado los dos  de la campaña.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

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A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 23 Mayo  En tiempo de crisis, cada ciudadano tiende a mirar cada vez más su bolsillo, y en los carburantes no es para menos. A pesar de que el sector ha enlazado años de descenso de consumo y que el precio del gasóleo y la gasolina se encuentra en la actualidad más controlado, son muchos los usuarios que prefieren conducir un poco más en busca de esa gasolinera en la que han detectado que pueden ahorrar unos cuantos euros a la hora de llenar el depósito. Un rol que antes jugaban las gasolineras de cooperativas agrícolas que permitían repostar a cualquier usuario, pero que, ahora, están copando en toda España las llamadas gasolineras 'low cost'.


Este tipo de establecimientos ha tenido un gran auge desde que hace poco más de un año el Gobierno central decidiera liberalizar la competencia en el sector ampliando el suelo disponible para estas instalaciones. Su funcionamiento y rentabilidad -tanto para el propietario como para el consumidor- se basa en la reducción de personal, llegando a implantarse en el último año las denominadas 'gasolineras desatendidas', que ofrecen autoservicio las 24 horas del día sin que haya ningún empleado. Una fórmula que permite una reducción del precio del litro de entre 7 y 14 céntimos, pero que ha suscitado las críticas de los empresarios de las estaciones convencionales, que creen que, además de no dar empleo, incumplen una serie de normativas de seguridad y de atención al cliente.


En Aragón esta fórmula tan radical aún no se ha asentado apenas, aunque sí que han proliferado en los últimos dos años las gasolineras que cuentan con un par de empleados en horario de mañana y tardes y que, durante la noche, singuen prestando autoservicio sin personal. Un modelo "completamente legal y que cumple con todas las normativas estatales", según explican desde la DGA, que es la encargada de dar luz verde a la apertura de cualquier centro de este tipo de los que afirman que manejan cada día más solicitudes.


En total, de las más de 400 gasolineras que existen en la Comunidad, se estima que en la actualidad más de una veintena responden al modelo 'low cost', localizadas sobre todo en centros comerciales y zonas de gran tránsito. Pilar Soto, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (AESAR) y dueña de una gasolinera en Zaragoza que da empleo a 17 personas, es una de las empresarias que se oponen a las gasolineras desatendidas. "Entendemos que estas gasolineras incumplen varias normativas de consumo en lo relativo a la atención al cliente. Nosotros por ejemplo si un cliente nos pide que justifiquemos la calidad del combustible estamos obligados a realizar pruebas inmediatas. Además, creemos que es evidente que ante cualquier emergencia este tipo de instalaciones no están preparadas para abordarlas como es debido", recalca Soto, explicando que desde AESAR van a solicitar una reunión con el departamento de Industria para explicar punto por punto lo perjudicial de estos establecimientos.


Entre la serie de perjuicios que los empresarios convencionales estiman que pueden ocasionar las gasolineras desatendidas, destaca también la falta de atención a personas minusválidas, la falta de control sobre si algún cliente fuma en los alrededores, o la imposibilidad de reponer cualquier desperfecto o riesgo que suceda durante el servicio, aunque la Administración recalca que a todas estas instalaciones se les está pidiendo que instalen sistemas antiincendio automáticos.

Cada comunidad ha actuado de forma distinta


Desde que comenzara el particular 'boom' de las 'low cost', algunas Comunidades Autónomas han tomado la cabeza en su implantación. A día de hoy, en Cataluña, Valencia o Madrid se aprueba mensualmente la apertura de una media de 8 de estas bombas, que han prosperado mediante un sistema de franquicias en la que cualquier inversor puede entrar.


Sin embargo, no todas las autonomías han aceptado de tan buenas maneras la novedad. En Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz las ha vetado a petición de los sindicatos, situación que ahora también se está debatiendo en Asturias.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Martes, 20 Mayo  La crisis económica ha abierto la espita en España a las gasolineras 'low cost' o 'fantasmas', aquellas completamente automatizadas, ya que no tienen ni empleados, ni máquinas de lavado, ni tiendas, con lo que consiguen reducir los precios, pero también dinamitar el mercado. En Asturias, empresarios y sindicatos del sector, habitualmente enemistados, hacen frente común en contra de esta práctica y piden al Principado que promueva un decreto que prohiba que estos negocios se asienten en la comunidad, ya que esto arrastraría a los que ya operan en la región en una bajada generalizada de precios, de los márgenes de beneficio y, sin duda, afectaría al empleo. Comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Navarra ya han regulado este sistema y exigen la presencia de, al menos, un empleado en las instalaciones. Sin embargo, en otras regiones las gasolineras 'low cost' se están multiplicando de tal forma que amenazan al negocio tradicional.

Estas nuevas estaciones de servicio ofrecen precios más bajos y abren las 24 horas del día, ya que se ahorran el coste de personal, pero obligan al cliente a echar solo el combustible, pagar a través de un cajero y, en caso de problemas, recurrir a un servicio de teleasistencia. Según sus impulsores, esto supone optimizar las gasolineras y ofrecer precios más competitivos justo cuando los informes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) alertan del alto coste de los combustibles en España. Sin embargo, sus detractores, entre ellos los empresarios y sindicatos asturianos, consideran que se trata de competencia desleal y que podría suponer la puntilla para un sector ya muy amenazado. Además, los sindicatos alertan de que existen riesgos añadidos para los consumidores como el acceso al suministro de combustible fumando, derrames de hidrocarburos, discriminación a discapacitados o no tener acceso a hojas de reclamaciones.

En la actualidad, en Asturias hay unas 400 gasolineras, de las que al menos cinco aplican el modelo 'low cost' basado en prescindir de personal. El resto da empleo a entre 1.400 y 1.500 personas, aunque esta última cifra está disminuyendo, ya que las plantillas se van reduciendo. Los usuarios tienen cada vez más dificultad para encontrar quien le sirva la gasolina desde el expendedor o un operario que les atienda en horario nocturno. Desde el sector se alerta de que la instalación masiva de estaciones de servicio 'low cost' podría llevar al cierre a muchas de las tradicionales o que algunas de las gasolineras de toda la vida optaran por transformarse hacia ese sistema de costes más bajos y prescindiran de su personal.

Por ello, el sector asturiano trabaja ya en un borrador que presentará al Principado y que espera que sirva de base a una normativa que impida que haya gasolineras sin personal. El texto se mira, sobre todo, en el decreto navarro.

Caída del consumo

Mientras, en toda España continúa el desplome del consumo, una caída a la que Asturias no es ajena y que retrotrae el gasto de combustible a cifras del siglo anterior. Según datos hechos públicos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), en el primer trimestre de 2014, el consumo se redujo un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, desde 185.571 toneladas a 177.979, pero esta bajada es aún mayor si se compara con datos de años anteriores. Por ejemplo, con respecto al primer trimestre de 2008, el consumo se redujo más de un 31%. Entonces, en Asturias se consumieron 258.778 toneladas, una cifra impensable en la coyuntura actual.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Martes, 13 Mayo  Las ventas de las gasolineras extremeñas bajaron en el primer cuatrimestre del año un seis por ciento con respecto al mismo periodo anterior de 2013 y Extremadura es ya la cuarta comunidad donde menos carburante se vende, sólo por delante de La Rioja, Ceuta y Melilla.


El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Casto Bravo, ha explicado a Efe que la bajada de las ventas en la Comunidad Autónoma continúan debido a varios factores.


Entre ellos, ha mencionado el hecho de que el consumo está "en el suelo" y que es inferior al de regiones "muchísimo menos extensas", como, por ejemplo, Asturias o Cantabria.


Además, el número de las estaciones de servicio sin personal que las atienda aumenta en Extremadura, lo que supone una competencia para las gasolineras tradicionales ya que éstas no pueden equiparar sus precios a los de estos establecimiento "low cost".


Ante estas circunstancias, la asociación ha pedido, a través de la Confederación de Empresarios de Extremadura (Creex), una reunión con el consejero extremeño de Economía, Antonio Fernández, para que se tome una "determinación" en relación a este tema.


El objetivo de las estaciones de servicio tradicionales extremeñas es que las gasolineras "low cost" tengan empleados tal y como, ha dicho, Bravo, se obliga por Ley en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Andalucía.


A esto se une que las cooperativas agrícolas han incrementado su "competencia" a las estaciones de servicio pues abren gasolineras "encubiertas" en las que se ofrece carburante barato a "cualquier ciudadano" gracias a sus beneficios fiscales.


Así, durante los dos últimos años las ventas han bajado un 30 por ciento en el sector, que han provocado el cierre de 23 estaciones de servicio, según los datos de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura.


Dentro de este panorama "de sombras", Bravo ha valorado la intención del Gobierno extremeño de eliminar progresivamente el céntimo sanitario durante los próximos años.


En su opinión, todo lo que suponga una reducción en el precio del carburante es positivo para las gasolineras, aunque ha recordado que el sector no ha visto aún ningún efecto en relación a las últimas noticias favorables en relación a esa tasa.


"Por ejemplo, para solicitar la devolución del céntimo sanitario tras la sentencia del Tribunal Europeo deben registrarse las facturas y, en muchos casos, los ciudadanos no las tienen", ha concluido Casto Bravo.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

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A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Martes, 13 Mayo  Estas estaciones de servicio, que están proliferando en los últimos tiempos, no cuentan con personal y están totalmente automatizadas. Esta situación incumple la Ley, que obliga a que, al menos, haya una persona responsable. Estas ‘gasolineras fantasma’ suponen, según el sindicato, “pérdida de empleo en el sector y riesgos para los consumidores”.


El Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha denunciado ante la Delegación Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía la situación que se da en las conocidas como ‘gasolineras fantasma’ o ‘gasolineras low cost’.

 

Este sistema de estación de servicio, que está proliferando en los últimos tiempos, no cuentan con personal y está totalmente automatizado, por lo que, el sindicato, ha tomado cartas en el asunto “en defensa de los trabajadores y de los consumidores”.

 

La denuncia del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla se basa en el incumplimiento del Real Decreto 537/2004 (BOJA de 23 de noviembre), según el cual, en sistemas de autoservicio, debe haber, por lo menos, una persona responsable en horario diurno, de 07:00 a 22:00 horas.

 

Además de la evidente pérdida de empleo que conlleva el aumento de este sistema de ‘gasolineras fantasma’, existen múltiples riesgos para los consumidores como el acceso al suministro de combustible fumando, derrames de hidrocarburos, discriminación a minusválidos o no tener acceso a hojas de reclamaciones.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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SLunes, 12 Mayo  Extremadura suprimirá el Tramo Autonómico (TA) del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de “manera progresiva” a partir de 2015. Así lo anunció el presidente de la Junta, José Antonio Monago, durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la semana pasada.


“Yo creo en impuestos bajos”, afirmó Monago durante su intervención ante el Parlamento regional, para después afirmar que esa convicción empujará a su Ejecutivo a retirar escalonadamente “el céntimo sanitario que implantó el anterior Gobierno en 2010”.


A partir de enero de 2013, lo que se conocía como Tramo Autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) pasó a denominarse “Tramo Autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos”. El Gobierno central tomó esta decisión debido a la incertidumbre jurídica que se cernía sobre el céntimo sanitario, que finalmente fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de febrero.


El presidente extremeño no especificó en qué cuantía se verá reducido cada ejercicio el céntimo sanitario que se cobra en la comunidad autónoma, que actualmente asciende a 4,8 céntimos de euro por cada litro de carburante repostado en la región.

No obstante, Monago aseguró “para que se entienda en extremeño” que “en 2015 al echar la gasolina van a dejar de pagar 8,7 millones de euros. Y a partir de ahí, cada año hasta 2019, los extremeños dejarán de pagar 6,5 millones de euros”.


Según esas cuentas, todo parece indicar que el Gobierno extremeño reducirá el año que bien un 25% la cuantía a la que asciende el tramo autonómico, con lo que en 2015 el impuesto se quedará en los 3,6 céntimos, mientras que en los ejercicios sucesivos será rebajado 0,9 céntimos anuales hasta su completa desaparición.


Castilla y León lo mantiene

Tras conocerse la supresión paulatina del céntimo sanitario en Extremadura el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha sido preguntado por los periodistas acerca de los planes de la Junta con respecto a la política tasa en la comunidad castellanoleonesa.


“No pusimos este impuesto por un capricho político, nos costó ponerlo, pero se daban unas circunstancias que en ese momento nos obligaron a recaudar más para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y esas circunstancias en estos momentos se mantienen”, afirmó al respecto el portavoz.


En cualquier caso, De Santiago-Juárez recordó que en los próximos meses se producirán diversos acontecimientos que influirán en las cuentas de la región, como “la reforma fiscal estatal y la revisión del modelo de financiación autonómica”. “Cuando tengamos esas piezas encajadas tomaremos las medidas que tengamos que tomar”, sentenció el portavoz.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Sábado, 10 Mayo    «Pasarán muchos años hasta que el consumo de combustible recupere los niveles del 2005, 2006 o 2007». Quien así lo asegura es Francisco Achiaga, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de La Rioja (FER).


Reconoce, con datos hasta marzo, que en los primeros meses de este año la caída del consumo se ha desacelerado en comparación con el año pasado, pero desde luego «no crece al mismo ritmo que el resto de indicadores», incluida la venta de turismos. No obstante, confía en que el mes de abril arroje mejores cifras, teniendo en cuenta que este año incluirán las de la Semana Santa, más tardía que en el 20013.


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Pero Achiaga no es optimista. A la situación económica de estos años, hay que sumar el aumento de la venta de coches que a la postre significa que se están sustituyendo turismos con consumos de 12, 14 y hasta 16 litros por cada 100 kilómetros por otros de 6 u 8 litros máximo. «El cliente sigue circulando pero consume menos y entonces gasta menos, de ahí que el consumo de gasolina no lo nota», sostiene Achiaga.


El 2014 no va a ser, en opinión del presidente de la patronal de Estaciones de Servicio riojanas, «un año de gran aumento de consumo, sino más bien de estabilización, que ya sería un éxito» Y será así, según Achiaga, porque «si el año pasado se vendieron 750.000 coches -en el conjunto del país- estos han quitado 750.000 coches de consumos altos».


Pero si los turismos se han quedado aparcados por la crisis y los riojanos los usan menos con el fin de ahorrar, los vehículos de transporte aún han sufrido más la situación. De hecho, suponen una parte muy importante del consumo de combustible al que muchas empresas no han podido hacer frente en estos años.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 9 Mayo    Los precios de la luz y la gasolina no sólo están en el punto de mira de los consumidores, sino también del supervisor (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y del Ejecutivo. Incluso de Bruselas.

La escalada de precios experimentada por el recibo de la luz y la gasolina en plena recesión económica ha hecho que los consumidores los miren con lupa. También el de la telefonía móvil, un sector en el que, aunque la entrada de los operadores secundarios ha forzado una bajada de tarifas significativa, los consumidores españoles soportan uno de los precios de ADSL más altos de la Unión Europea.

Con el poder adquisitivo de las familias en caída libre, cada subida causa estragos en las economías domésticas y empuja a los consumidores a revisar y reclamar hasta el último céntimo.

LA LUZ. Nueva factura, mismos problemas

El culebrón de la factura de la luz, que se prolonga desde hace meses -años, en realidad-, es el mejor ejemplo. El nuevo recibo de la luz ha entrado en vigor el 1 de abril. Ese día Red Eléctrica publicaba los parámetros o perfiles de consumo aplicables al nuevo sistema de facturación eléctrica -se podrán consultar cada semana en su web-. En la práctica, supone la aplicación de unos estándares comunes con variaciones significativas en función de la hora del día. Así, en el horario prime time -entre las 9 y las 11 de la noche-, el coeficiente va a ser hasta cuatro veces más elevado que durante las horas de madrugada -de 4 a 6 de la mañana-, un sistema que complica, y mucho, el ahorro energético.

Contempla cuatro modelos de facturación: para consumidores con contadores analógicos (la gran mayoría), con contadores digitales, con precio fijo para el conjunto del año o con acuerdo bilateral del precio.

La primera consecuencia del nuevo sistema de facturación, que sustituye al anterior de subastas, utilizadas como referencia hasta diciembre del año pasado, es la devolución a los consumidores de electricidad de cerca de 300 millones de euros por parte de las eléctricas anunciada por el ministro de Industria, José Manuel Soria. La causa, la diferencia del precio medio establecido por el mercado eléctrico en el primer trimestre del año (26 euros por megavatio hora) frente al precio fijado provisionalmente por el Gobierno tras suspender la subasta eléctrica en diciembre (48 euros).

Esta devolución se realizará a través de una refacturación. La CNMC publicará el importe acordado el próximo 15 de mayo. De momento, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha establecido la cifra en unos 40 euros por usuario.

El nuevo modelo mejora la competencia, "lo que debería traer cambios positivos" a los consumidores, según Bruselas. Pero la CE alerta de las dificultades que entraña el nuevo sistema, teniendo en cuenta que la mayoría de los hogares no tendrá un contador adecuado hasta 2019.

A la complejidad del nuevo sistema se suma la pervivencia de los problemas no resueltos, como la falta de claridad en los costes de la electricidad, o la falta de competencia real en un mercado dominado por cuatro grandes compañías, un problema que vienen denunciando las comercializadoras independientes y organizaciones de consumidores. Incluso el propio ministro Soria manifestó sus "sospechas de manipulación del precio" en la última subasta eléctrica que finalmente fue suspendida.

GASOLINA. Caen los precios, pero no en España

El precio de los carburantes, de los más caros de Europa, han puesto a las prácticas de las grandes energéticas bajo sospecha. La gasolina subió un 25 por ciento el año pasado, el 11 por ciento en el caso del gasóleo. Se trata de uno de los precios antes de impuestos más caros de la UE. Según el informe de enero de la CNMC, el margen bruto -es decir, el precio antes de impuestos menos la cotización internacional- se disparó ese mes un 25 por ciento interanual. El informe del supervisor señalaba más: las tres firmas que controlan el sector en España (Repsol, Cepsa y BP) muestran de nuevo "precios muy alineados, que superan entre dos y tres céntimos de euro por litro a los de las estaciones de servicio independientes".

El aumento del margen bruto ha causado sorpresa incluso en el entorno del Ministerio de Industria, sobre todo teniendo en cuenta las bajadas significativas de los precios internacionales desde el pasado mes de septiembre. De hecho, el Gobierno modificó la Ley de Hidrocarburos para aumentar la competencia en el sector, pero no ha dado resultados.

Las sospechas, y la investigación de la CNMC, se iniciaron a raíz de la falta de relación directa entre la caída de los precios internacionales de referencia y los que se reflejaban en España. Es lo que se denomina efecto cohetes y plumas: mientras las subidas se reflejan enseguida en los precios, las caídas apenas repercuten. A ello siguió el efecto lunes, el día de la semana en el que se sospecha que las energéticas reducen el precio al ser el que se toma de referencia para la comparación europea; y el efecto puente, la subida de precios justo antes de un periodo de vacaciones, aunque sea mínimo.

De momento, la CNMC mantiene la investigación abierta ante la sopecha de pacto de precios. Eso sí, anque el precio de la gasolina ha subido un 0,7 por ciento durante la Semana Santa -y supera el umbral de los 1,4 euros-, se mantiene un 3 por ciento más barata que en las vacaciones del pasado año.

TELEFONÍA. Diferencias del 400 por ciento en banda ancha

España es el segundo país de la Unión Europea con el acceso a internet más caro, según el último informe del organismo continental presentado a finales de marzo. El precio mínimo es de 38,7 euros para la banda ancha fija que más se contrata en la UE, con una velocidad de 12 a 30 megas por segundo. Sólo Chipre tiene un precio superior, con 46,2 euros. En el extremo opuesto, países como Lituania tienen ofertas a partir de 10,3 euros. No hace falta irse tan lejos: el precio en Francia puede ser hasta un 50 por ciento más barato que en nuestro país.

La CE destaca que las diferencias de precios entre países europeos pueden llegar hasta el 400 por ciento. Los operadores en España han mostrado su desacuerdo con el informe, y han destacado que los datos no recogen las promociones actuales, en las que la mayoría de ofertas (el 93 por ciento) son conjuntas, con ADSL y móvil.

De momento, las cinco comercializadoras de referencia tienen previsto ofrecer una tarifa anual hasta un 30 por ciento

superior a la media registrada en abril, según las ofertas facilitadas a la CNMC.

Se piden "tarifas razonables" y "cercanía"

Los consumidores demandan a las empresas energéticas una mayor diferenciación de productos y servicios, según la primera edición del ?Estudio Anual de Generosidad de Marca? (IGM) realizado por el Instituto Affinion en colaboración con Ipsos, que por primera vez analiza y monitoriza la capacidad de generar valor por parte de las empresas radicadas en España a la sociedad, y en qué manera los consumidores -y la población en general- lo percibe y reconoce esta actitud.

También se encuentran por debajo de la media las ?tarifas razonables?, concretamente 1,46 puntos, y la ?cercanía?, con 1,37 puntos por debajo de la media. Este es uno de los sectores sin duda peor valorados en el IGM: el 61,6 por ciento de los encuestados opina de forma clara que las empresas de este sector ?no hacen, o apenas hacen, más de lo que sus clientes esperan?. Los consumidores demandan una diferenciación clara de productos y servicios a las compañías.

El estudio engloba a un total de 12 grandes marcas -Agip, Aguas de Barcelona (Grupo Agbar), BP, Cepsa, Gas Natural Fenosa, Endesa, Galp, Iberdrola, Petronor, Repsol, Shell y Canal de Isabel II-, que han sido objeto de estudio para determinar su reputación e imagen de marca a partir de las opiniones de los consumidores. La única marca que destaca ligeramente del resto es Repsol, que obtiene un IGM -Índice de Generosidad de Marca- de 111,67 puntos, frente a la segunda del ?ranking?, Cepsa, con 89,51 puntos. Por comunidades autónomas, la de Castilla-La Mancha es la que cuenta con una mejor percepción del sector Energía y Utilities, con un índice de 50,74 puntos -2,5 puntos por encima de la media nacional-, según el referido informe elaborado por Affinion. Asimismo, el informe señala a Murcia, Canarias y Cataluña como las comunidades autónomas que atribuyen al sector energético menores Índices de Generosidad.



Leer más:  Luz y gasolina bajo sospecha - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/empresas-finanzas/consumo/noticias/5766078/05/14/Luz-y-gasolina-bajo-sospecha.html#Kku8kOPfTpMZfUdG


  

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 8 Mayo    - Señala que las bajadas de las cotizaciones se retrasa y "no se trasladan completamente" al precio final de los carburantes

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constata bajada de precios en los carburantes durante el fin de semana y los lunes y subidas el resto de días, si bien en el caso del gasóleo esta tendencia ?no es tan pronunciada?, y que tardan en recoger las bajadas de las cotizaciones internacionales que "no se trasladan completamente al PVP".

Así se recoge en el último Informe Mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio, hecho público este jueves por el regulador, en el que muestra una estabilización de los precios medios de las gasolinas en marzo, y una tendencia general ?a la baja? en el caso del gasóleo ese mes.

El Precio de Venta al Público (PVP) promedio del gasóleo A en Península y Baleares disminuyó en marzo un 1,1% con respecto al mes anterior hasta 1,334 euros por litro, su nivel más bajo desde junio de 2012, mientras que el precio medio de la gasolina 95 se mantuvo en el mismo nivel que el mes anterior, de 1,405 euros/litro.

El margen bruto en marzo de 2014 aumentó respecto al mes anterior, el de la gasolina 95 anotó un incremento del 0,5% y el del gasóleo A un 1% en un contexto de ?caída en los mercados internacionales y en los precios finales?.

De igual forma, el organismo presidido por José María Marín Quemada apunta que ?el patrón indica que las subidas de las cotizaciones se trasladan a los PVP de igual forma a la de otros países de la UE 6?, sin embargo, las bajadas de las cotizaciones ?se están retrasando y no se trasladan completamente al PVP".

Respecto al consumo, el de gasolina (-5,9) y gasóleo (-3,5%) en España cerraron el pasado mes de febrero con importantes descensos con respecto al mes precedente, a pesar de que los precios de los carburantes disminuyeron.

No obstante, en el acumulado en el año el consumo de gasolina avanzó un 0,1% y el de diésel creció un 1,6%, aunque el último año han caído un 3,5% y un 1,8%, respectivamente.

De este modo, la demanda global de productos petrolíferos cayó un 7,5% respecto al mes precedente y todos los grupos de productos sufrieron un descenso, especialmente los fuelóleos (-14,6%).

PRECIOS ALINEADOS

La CNMC constata que BP continúa marcando los precios más bajos con respecto a los dos operadores principales, Cepsa y Repsol, que siguen "alineados".

No obstante, esta diferencia se ha reducido en el último mes porque Cepsa y Repsol han reducido sus precios más que BP.

Mientras, las estaciones de servicio independientes registraron los PVP más bajos, con respecto a los operadores tradicionales, hasta situarse entre los 2 y 3 céntimos para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente. El PVP medio para ambos carburantes en los hipermercados es inferior al correspondiente al total de estaciones independientes.

Los valores semanales más bajos de los márgenes tuvieron lugar los lunes, mientras que los más altos se produjeron los miércoles y jueves, llegando a alcanzar los 17 céntimos por litro para la gasolina 95 y los 18 céntimos en el caso del diésel.

En el tercer mes del a ño, Huesca fue la provincia con los precios de venta más baratos, mientras que los más elevados de gasolina se situaron en Córdoba, Málaga y Valladolid, y los más caros de gasóleo en Valladolid, Palencia y la comunidad gallega.



Leer más:  (ampliación) la cnmc confirma bajadas de precios de los carburantes los fines de semana y los lunes - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5763552/05/14/ampliacion-la-cnmc-confirma-bajadas-de-precios-de-los-carburantes-los-fines-de-semana-y-los-lunes.html#Kku8RlbgxDCbqcu0


  

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Domingo, 4 Mayo    «Si se estableciera el sistema de autoservicio en el horario diurno deberá haber en el establecimiento, al menos, una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización». Esta es la contundente respuesta que la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha emitido, tras la solicitud de información que le remitió la patronal de estaciones de servicio de Andalucía (Agavecar). Los colectivos empresariales temen que el auge de lo que en el argot profesional se denomina «gasolineras fantasma», en las que el cliente paga directamente con tarjeta y reposta, se convierta en una competencia desleal, ya que estas pueden repercutir en el precio del litro de carburante el ahorro en trabajadores y en medios.

No queda ahí. La institución dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales también pone de relieve en su escrito que estas instalaciones deberán cumplir las mismas normas que el resto en cuanto a protección de los consumidores, «en especial la referente a metrología y metrotecnia» (comprobación del suministro a demanda del usuario). Algo para lo que también es necesario un mínimo de personal.

Luis Calero es asesor de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga (Apes) y socio, junto a María José Pérez, del despacho Asefint, especialistas en la gestión de este tipo de instalaciones. No esconde la preocupación del colectivo empresarial al que representa ante la proliferación y el escaso control sobre este tipo de servicios, que, a la vista de la resolución autonómica, están incumpliendo las leyes. Según los datos de la entidad, en la provincia se están tramitando entre 50 y 60 solicitudes de apertura de estaciones de servicio desatendidas. De ellas, una veintena en la capital.

«Conforme a las normas de consumo, durante el horario diurno siempre tiene que haber una persona presente por si alguien lo necesita», y recalca: «En Andalucía la Junta prohíbe que estén totalmente desatendidas». En cambio, llama la atención porque, a pesar de lo que diga la norma, esta clase de surtidores están funcionando ya de forma impune.

Prueba de la probeta

Además de la asistencia a los conductores con discapacidad, Calero se refiere expresamente a la prueba de la probeta: «Todas las gasolineras tienen la obligación de tener una de diez litros por si el consumidor la pide; es su derecho y en este tipo de gasolineras no se puede hacer, como tampoco rellenar una hoja de reclamaciones».

A su juicio, las estaciones de servicio tradicionales tienen que cumplir una normativa extensa, además de mantener el personal y unas exigencias que las nuevas no cumplen, «y por eso pueden abaratar el coste de la gasolina, con el ahorro en servicios y en atención al público». Por ello, considera que la resolución de la Secretaría General de Consumo debe ser una «advertencia» ante el aluvión de proyectos de este tipo que están surgiendo en la provincia, y reclama a los ayuntamientos que estén vigilantes para que las leyes se cumplan. A este respecto, respalda la actitud del Consistorio de la capital, que no los está autorizando; aunque critica que recientemente se han abierto puntos de suministro de este tipo en otros municipios.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Martes, 29 Abril    La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) asegura que el margen bruto de sus empresas apenas equivale a entre 1% y el 1,5% tanto en la gasolina como en el gasóleo.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En una nota informativa, AOP señala que el margen de distribución no es similar al margen bruto de los operadores mayoristas, que queda reducido una vez asumidos costes como los de la estación de servicio o el transporte y las reservas estratégicas.

En cada cada litro de gasolina, los automovilistas pagan un 51% en impuestos (IVA, tipo autonómico y tipos estatales), un 39% en el coste del carburante (cotización internacional o coste del biocarburante), un 7% en los costes de la estación de servicio y un 2% en transporte y reservas estratégicas. El 1,5% restante es el margen bruto mayorista.

En el caso del gasóleo, los impuestos tienen un peso del 45%, frente al 43% del coste del carburante, el 7,5% de los costes de la estación de servicio y el 2% del transporte y reservas estratégicas. En este desglose, el margen bruto también ronda el 1,5%.

AOP, que integra a empresas como Repsol, Cepsa o BP, asegura que sus cálculos han sido realizados sobre la base con los porcentajes incluidos en el 'Expediente informativo sobre la evolución de los precios de los carburantes de automoción en España en relación con las medidas europeas', publicado en su momento por la CNE.



Leer más:  Los operadores dicen que su margen bruto en gasolina y gasóleo oscila entre el 1% y el 1,5% - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5742200/04/14/Los-operadores-dicen-que-su-margen-bruto-en-gasolina-y-gasoleo-oscila-entre-el-1-y-el-15.html#Kku8fDGxlqUHL4qQ


  

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

Los TSJ exigen a Hacienda devolver el céntimo sanitario,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com

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Jueves, 24 Abril     El número de estaciones de servicio crece año a año pese a la situación económica y a la reducción en 2013 de las controladas por las petroleras.


Los operadores tradicionales del sector de la distribución de carburantes han pasado de controlar el 70% de las estaciones de servicio en 2008 a un 61% en 2013, mientras que los operadores independientes y los hipermercados han ido ganando progresivamente cuota de mercado.

Estas datos aparecen recogidos en una nota difundida por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que aglutina a las principales empresas del sector, entre ellas Repsol, Cepsa y BP.

Frente a la pérdida de siete puntos de cuota de mercado de estas empresas entre 2008 y 2013, los mayoristas no tradicionales han elevado del 9,5% al 12% su peso en el sector de las gasolineras, mientras que las marcas independientes lo incrementan del 14% al 18%.

Otros dos sectores que han ganado presencia durante la crisis han sido los hipermercados y las cooperativas. Los primeros tienen ahora un 3% de las gasolineras, cuatro décimas más que en 2008, mientras que los segundos controlan un 6%, dos puntos más.

En total, 2013 se ha cerrado con 10.617 estaciones de servicio, 193 más que en 2012. El número de estos establecimientos ha aumentado año a año desde los 9.446 contabilizados por AOP al inicio de la crisis.

Este crecimiento se produce a pesar de que en 2013 los grandes operadores han perdido 77 gasolineras, en un ejercicio marcado por los cambios en la Ley de Hidrocarburos para mejorar la competencia y limitar su presencia en algunas provincias.

En julio de 2013 se aprobó la nueva Ley de Hidrocaburos, que limita al 30% la cuota máxima de una empresa en cada provincia, si bien no será hasta julio de este año cuando entre en vigor el plazo de un año para revisar los nuevos contratos con los empresarios independientes.

Las grandes pierden 134 gasolineras

Las grandes petroleras tienen ahora 134 menos gasolineras que en 2008. Aquel año controlaban 6.595, pero perdieron 111 durante el ejercicio. Desde ese momento, fueron incrementando su número, hasta 2013, cuando volvieron a experimentar un nuevo descenso.

En los años de la crisis, los mayoristas no tradicionales han pasado de tener 901 gasolineras en 2008 a 1.273 en 2013. Las marcas independientes han pasado de 1.300 a 1.900, mientras que los hipermercados y supermercados han pasado de 250 a 308. Las cooperativas controlan ahora 675, frente a 400 en 2008.

AOP destaca que, en el caso de hipermercados, han logrado alcanzar una cuota próxima al 20% en el sector de consumidores no profesionales, lo que equivale a situar a este formato de distribución como el segundo operador del mercado español en cuota de mercado.

AOP defiende la competencia

La asociación indica que los contratos y vínculos comerciales que ligan a los operadores mayoristas con los empresarios de estaciones de estaciones de servicio cubren un amplio abanico de posibilidades, y se firman libremente por ambas partes.

Además, defiende que la similitud de precios entre los principales operadores "en un producto commodity, de márgenes reducidos, no indica falta de competencia".

Los operadores mayoristas sólo fijan el precio de venta al público en el 23% de los puntos de venta, señala AOP a partir de datos de la CNMC, mientras que aproximadamente en el 77% de puntos de venta los empresarios de estaciones de servicio en España tienen libertad para fijar el precio final en el surtidor.

Las petroleras ya 'sólo' controlan el 61% del sector de gasolineras,Empresas Sector Energía. Expansión.com

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Lunes, 14 Abril    El Ministerio de Hacienda estima que en el plazo de seis meses se resuelvan las reclamaciones que se han presentado pidiendo la devolución del 'céntimo sanitario', según informa la patronal de transportistas Fenadismer.


Hacienda tiene ya prevista una partida presupuestaria destinada para afrontar estas devoluciones y la voluntad de la Agencia Tributaria es atenderlas una vez que compruebe los documentos justificativos (las facturas) que acrediten que se ha soportado el impuesto.


Así se lo transmitieron responsables del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Fomento al sector del transporte por carretera en la reunión que mantuvieron el pasado viernes en la sede del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, según explica Fenadismer.


En el encuentro, altos cargos de Hacienda y Fomento informaron también de que han dirigido una consulta interpretativa a la Comisión Europea respecto del importe total del impuesto que deben devolver a los contribuyentes que presenten las reclamaciones.


La consulta surge del hecho de que una "parte importante" del tramo estatal del impuesto declarado ilegal computaba dentro del importe mínimo de tributación fiscal que obligatoriamente los Estados miembros debían establecer sobre los carburantes en función de lo dispuesto en las directivas europeas.


Con su consulta a la UE, que se espera esté resulta el próximo mes de mayo, el Ejecutivo quiere aclarar si esta parte del impuesto puede o no ser devuelta "por cuanto pudiera considerarse ayudas de Estado".


La reunión tenía como objetivo clarificar el procedimiento por el que la Agencia Tributaria procederá a devolver lo recaudado indebidamente por el denominado 'céntimo sanitario' tras la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de febrero que declara el impuesto contrario a la Directiva europea sobre fiscalidad de los carburantes.


Tributación


Respecto a las principales dudas que plantea a los contribuyentes la reclamación, Hacienda explica que las cantidades que se obtengan por la devolución del impuesto, deben imputarse como ingresos en la base imponible del IRPF o del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio anual en quien se produjo la deducción como gasto del consumo de carburante del cual se obtiene la devolución.


En el caso de que el ejercicio fiscal ya haya prescrito (devoluciones correspondientes a consumos de carburantes realizados en el año 2009 o anteriores) no será necesario hacer dicha regularización.


Asimismo, el Ministerio aclara que sólo se admitirán las facturas que tengan desglosado el importe concreto del impuesto o que indiquen que va incorporado en el precio.


La solicitud de devolución la podrán realizar tanto la empresa proveedora del carburante (gasolinera o petrolera) como al consumidor final, pero la devolución sólo podrá realizarse a favor del consumidor final.


Hacienda comunicó asimismo a los transportistas que no admitirá solicitudes de devolución que presenten entidades emisoras de las tarjetas de carburante, dado que no tienen reconocida la consideración de sujeto pasivo del impuesto.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Lunes, 14 Abril    Los propietarios de las estaciones de servicio contienen la respiración. A finales de julio entrará en vigor una nueva normativa estatal que revolucionará el sector. Son medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el año pasado encaminadas, en teoría, a liberalizar más el negocio y dar alas a la competencia. La sombra de la sospecha planea desde hace años sobre el sector de los hidrocarburos, investigado hasta la saciedad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por posibles pactos entre petroleras para imponer los mismos precios de venta al público. Nada hay más anticompetitivo que eso e inspectores de la CNMC llegaron a registrar en varias ocasiones las sedes de las principales operadoras en busca de pruebas. El expediente sigue abierto, pendiente de resolución.

El Ministerio de Industria tomó cartas en el asunto y modificó el año pasado algunos aspectos de la ley de hidrocarburos. Son los que entrarán en vigor este verano. El principal cambio será que las petroleras tendrán que renegociar totalmente los contratos de suministro con sus estaciones de servicio abanderadas (o franquiciadas). Durarán como máximo un año, en lugar de cinco como ahora, y ya no podrán ni recomendar ni imponer el precio de venta al público al dueño de la gasolinera.

Esto se traducirá en que los propietarios dejarán de percibir, como hasta ahora, una comisión fija por litro costase este lo que costase. Es decir, el margen comercial de los propietarios de las gasolineras abanderadas dejará de estar garantizado. «Ahora las rentabilidades ya son muy pequeñas, así que no sabemos lo que va a pasar», explica Julio López, miembro de la directiva de la asociación provincial de A Coruña y de la federación gallega de estaciones de servicio.

En la práctica, lo que podría ocurrir es que si el propietario de una estación quiere aumentar márgenes tendrá que subir el precio de venta al público del producto. Pero, si hace esto, perderá clientes y tendrá que competir con otras instalaciones que podrían optar por abaratar los combustibles para así arañar consumidores. Esta situación podrán afrontarla mejor los grandes, pero los más pequeños lo tendrán bien complicado.

Julio López no se atreve a predecir el futuro, pero teme que lleguen a cerrar gasolineras, con los consiguientes despidos de trabajadores, por falta de rentabilidad del negocio. De hecho, aclara, esto ya está ocurriendo. Así, explica que en la zona que él controla -posee una estación en Cee- han echado el cierre ocho gasolineras en los últimos meses. Entre ellas, añade, las hay abanderadas, pero también propiedad de las petroleras.

Sin embargo, hace unas semanas, fuentes de Repsol, la primera petrolera del país, negaron que estuviese en marcha plan alguno para cerrar estaciones propias. De hecho, alardearon de que a 31 de diciembre del 2013 poseían en toda España el mismo número de instalaciones que justo un año antes: 3.615.

En Galicia existen unas 400 estaciones, la gran mayoría en manos de Repsol y Cepsa, que ya no podrán abrir más. El Gobierno también limitó el número de gasolineras por provincia que podrá tener un mismo operador.ncias.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 09 Abril   Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) han emitido varios fallos a favor de los contribuyentes que habían reclamado el céntimo sanitario a Hacienda una vez que el pasado 27 de febrero el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a devolver este impuesto, por el que recaudó cerca de 13.000 millones de euros.


Ya hay sentencias del TSJ de Cataluña, precisamente quien planteó la consulta al Tribunal de Luxemburgo, y del TSJ del País Vasco, según la información que ha podido recabar este diario.

Sin embargo, Hacienda dilata todo lo que puede la devolución. Aunque ha colgado en la web de la Agencia Tributaria (AEAT) el formulario y los procedimientos para reclamar, ya ha anunciado que no devolverá nada hasta que Bruselas le responda a una consulta que ha planteado sobre la pertinencia de descontar de la cuantía a devolver un mínimo de imposición necesario para que el proceso no se considere ayudas de Estado.

La sentencia del TSJ de Cataluña niega expresamente que quepa esta consulta. Hacienda tiene dos meses para ejecutar las sentencias.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Sábado, 05 Abril   Manipular combustible sin la supervisión de personal especializado puede ser muy peligroso. En la provincia de Granada existe una decena de gasolineras de autoservicio, en las que es el propio conductor quien realiza el repostaje sin intervención ajena ni siquiera para el cobro. Para comprobar si se cumple la normativa en este tipo de establecimientos -que cada vez proliferan más y que, en algunos casos han conllevado despidos o reducciones de plantilla- , la Junta de Andalucía ha abierto un expediente que podría derivar en futuras sanciones en caso de incumplimiento.


Es la Secretaría Provincial de Consumo, dependiente de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta, la que está analizando el mapa de gasolineras de autoservicio de Granada y recabando información y documentación a fin de prevenir los riesgos que puede entrañar el incumplimiento de la normativa.


Es el Decreto 537/2004 el que regula "los derechos de los consumidores y usuarios en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público, así como las obligaciones de sus titulares", explica José Vicente Pérez, representante de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta, con competencias en materia de Consumo, Voluntariado y Participación Ciudadana y Cooperación Internacional.


En dicho decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 3 de diciembre de 2004, se establece que este tipo de establecimientos "tienen la obligación de tener, en horario diurno, al menos una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización".


Y eso es lo que quiere comprobar ahora la Junta, puesto que el referido decreto "atribuye las competencias a Consumo, con independencia de que pudieran estar implicados otros organismos, como Industria, Empleo o Medio Ambiente".


José Vicente Pérez advirtió de la "inseguridad" que se genera cuando una estación de servicio pasa a ser una gasolinera de autoservicio en funcionamiento las 24 horas y prescinde del personal en pista, ya que, además de vulnerar lo establecido en el decreto, se generan una serie de "riesgos" que podrían acarrear graves consecuencias.


Esos riesgos del autoservicio sin apoyo de un empleado se derivan en parte de la falta de vigilancia del cumplimiento de las normas por parte de los usuarios. Por ejemplo, puede haber algún cliente irresponsable que se baje del coche fumando y no apague el cigarro a la hora de repostar, o que lo haga con las luces encendidas, el coche en marcha o hablando por el teléfono móvil.


Si no se supervisa el servicio, tampoco se puede controlar el acceso de menores al combustible -que como es consabido es altamente inflamable-, el uso de envases no homologados, o posibles derrames en el suelo. "Existe un peligro latente", resaltó Pérez, y por eso es tan importante que exista un control.


Otras situaciones que atentan contra el derecho de los consumidores que se pueden producir por la falta de personal es que el cliente "no tenga acceso inmediato a una hoja de reclamaciones en caso de que quiera presentar una queja". Además, ¿quién ayudaría al usuario a solventar su problema en caso de avería? o ¿quién realizaría una comprobación de la medida del suministro si el cliente lo requiere?


Asimismo, se puede estar produciendo "una competencia desleal" entre establecimientos, ya que existen gasolineras con trabajadores contratados, que cumplen con todos los requisitos legales y pagan los correspondientes seguros sociales, "frente a las multinacionales que usan este mecanismo" que conlleva un ahorro evidente en personal. Las fuentes consultadas indicaron que la semana próxima habrá en Sevilla una reunión para abordar esta asunto y "la pérdida de puestos de trabajo" que se está produciendo en el sector. En ella participarán tanto representantes de los sindicatos como de la patronal andaluza de estaciones de servicio.


Leer más:  Consumo investiga si las gasolineras de autoservicio cumplen... http://www.granadahoy.com/article/granada/1744910/consumo/investiga/si/las/gasolineras/autoservicio/cumplen/la/normativa.html#sSf39HSl3JtjuaG5

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Jueves, 27 Marzo   Desde que el pasado 27 de febrero se conociera la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado "contrario al Derecho europeo" el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), conocido como céntimo sanitario, las distintas asociaciones de transportistas, así como autónomos, Ayuntamientos, comunidades de propietarios, agricultores o consumidores particulares, entre otros, no han perdido un solo minuto y, de manera conjunta o individual, están iniciando los movimientos oportunos para solicitar la devolución de las cuantías económicas satisfechas.

El impuesto, que estuvo en vigor desde el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), tenía como objetivo financiar las nuevas competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia sanitaria, además de actuaciones medioambientales. Un impuesto que la Comisión Europea nunca vio con buenos ojos; de hecho, en el año 2003, inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho tributo.

Mientras que el tramo estatal del impuesto se aplicó en todas las comunidades autónomas (2,4 céntimos por litro), el tramo autonómico se aplicó en 13 autonomías y su importe osciló entre 1,2 céntimos y 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo y queroseno, habiéndose también repercutido, aunque en menor cuantía y en menos autonomías, al gasóleo de usos especiales y de calefacción y al fuelóleo.

El fallo del Tribunal de Justicia europeo responde a un litigio iniciado en 2009 por la empresa tarraconense Transportes J. Besora y 60 empresas más de la zona, todas ellas representadas por la asesoría Mallol Assesors. La abogada que ha llevado estos casos, Irene Mallol, explica el proceso: "Nos metimos de lleno en este asunto porque creímos en la ilegalidad del impuesto. Animamos a nuestros clientes, principalmente transportistas, a presentar las reclamaciones oportunas ante la administración catalana, pero al ser denegado el trámite pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, finalmente, en noviembre de 2011 decidió plantear la cuestión prejudicial a Luxemburgo, pasando al Tribunal de Justicia europeo en febrero de 2012. Actualmente la cuantía reclamada por nuestra asesoría asciende a 6,13 millones de euros, ya que en octubre de 2013 se añadieron 25 empresas más".

Vías para la reclamación

Se estima que en los 11 años que este impuesto ha estado en vigor el Estado ha podido recaudar alrededor de 13.000 millones de euros. Sin embargo, para tranquilidad de las arcas públicas, el importe a devolver podría no superar los 4.000 millones de euros, y es que los trámites a seguir y los documentos solicitados no van a estar al alcance de todos los afectados, especialmente de los ciudadanos de a pie.

Las que sí lo van a tener un poquito más fácil son las empresas de transporte -mercancías, viajeros...- que, agrupadas en las diferentes asociaciones que las representan, están siendo debidamente informadas para que, lo antes posible, puedan presentar sus reclamaciones.

Pero, ¿cómo reclamar? ¿Es cierto que existen varias vías? ¿Se devolverá todo el dinero? ¿Cuánto tiempo hay para solicitar la devolución? Son algunas de las muchas preguntas que están saltando a la palestra y, aunque todavía queda alguna que otra incógnita por resolver, lo cierto es que las dudas, poco a poco, se van disipando.

Precisamente, la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra), debido a la importancia del asunto, celebraba recientemente en Madrid una sesión informativa donde se explicaron cuáles son las vías para reclamar el céntimo sanitario. Su presidente, Rafael Barbadillo, nos habla de dos procedimientos: "Por devolución de ingresos indebidos y por responsabilidad patrimonial del Estado".

En el primero de los casos, la reclamación ha de tramitarse ante la Agencia Tributaria, pero no permite recuperar las cantidades abonadas con anterioridad al año 2010 como consecuencia del plazo de prescripción previsto en la legislación tributaria.

Para su devolución, el reclamante deberá acreditar el abono de las cantidades reclamadas mediante la aportación de las facturas correspondientes.

En el segundo caso, la reclamación hay que dirigirla a la Administración General del Estado antes de un año y permitirá recuperar las cantidades satisfechas desde el inicio de la aplicación del impuesto, es decir, desde el 1 de enero de 2002. En este caso se deberán aportar las facturas correspondientes y se tendrá que probar que el céntimo sanitario ha sido satisfecho a costa de los recursos de la propia compañía y que, por tanto, no se ha repercutido a los usuarios finales del servicio de transporte".

Según Barbadillo, "éste es uno de los puntos más delicados ya que, con toda probabilidad, la Administración previsiblemente alegará que la compañía ha trasladado el céntimo sanitario a los usuarios finales del servicio de transporte, concluyendo que el daño, o bien no se ha producido, o bien no puede probarse".



Leer más:  Se inicia la avalancha de reclamaciones para la devolución del céntimo sanitario - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/transportes/noticias/5656154/03/14/Se-inicia-la-avalancha-de-reclamaciones-para-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8VebFps92GFka


  

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Miércoles, 26 Marzo   Que al menos tengan un trabajador. Es la demanda que ha trasladado Aresex, la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicios, al Gobierno regional una vez que, a su pesar, empiezan a proliferar las gasolineras low cost (bajo coste) por la región. Una decena de este tipo están ya implantadas en Extremadura, lo que a juicio del presidente de Aresex, Casto Bravo, está llevando a la ruina y, al final al cierre a negocios que cuentan con suministros de carburantes y otros servicios.

Bravo ha remitido una carta al director general de Industria de la Junta, Juan José Cardesa, para demandar a la Administración autonómica que controle mejor las gasolineras low cost pensando sobre todo en los ciudadanos. «La Junta es competente en esto. Otros gobiernos regionales lo están haciendo», insiste el presidente de Aresex.

El representante de los empresarios gasolineros exige, sobre todo, que ese tipo de surtidores cuenten con al menos un empleado. Lo justifica por motivos de seguridad, mejor servicio y generación de empleo. «¿Quién actúa si mientras se llena el vehículo se produce un incendio? ¿Quién vela porque a nadie se le ocurra echar gasolina fumando? ¿Y si falla el sistema de cobro y te cobra de más o de menos?», se pregunta a la vez que recuerda una obviedad: «Si hay trabajadores habrá empleo».

Bravo insiste en que, a pesar de ser low cost, los dueños de esas gasolineras, muchos de ellas en manos de cooperativas agrarias, tienen margen de beneficios suficiente para poder contratar a un trabajador como mínimo.

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Martes, 25 Marzo   El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló ayer, martes, que el margen bruto aplicado por las petroleras a los carburantes es mayor al de la media de la Unión Europea (UE), y hace que los precios “estén en el nivel que están”, por lo que dijo esperar que la modificación de la Ley de Hidrocarburos traiga “mayor competencia” y repercuta en el precio. Soria manifestó a los periodistas, tras clausurar el XXII Foro anual del Club Excelencia en Gestión, que antes de incluir la fiscalidad el precio de los combustibles en España es superior al de la UE “porque el margen es superior al de la media de la UE”. El ministro explicó que si se incluye la fiscalidad, el precio está por debajo de la media, lo que significa que “los márgenes son más amplios y eso hace que los precios estén en el nivel que están”. Soria recordó que cada vez que alguien compra un litro de gasolina, paga el coste del combustible, que es “similar” al del resto de mercados al tratarse de precios internacionales, otra parte “importante” de fiscalidad y otra referida a los márgenes. El margen bruto aplicado por las petroleras a los carburantes en España fue en enero un 25% superior al del mismo mes de 2013 en el caso de la gasolina 95 octanos, mientras que se elevó un 11% en el del gasóleo de automoción. Así lo recoge el último informe de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que señala que los precios en España antes de impuestos de la gasolina 95 son superiores a los de la media europea. En cualquier caso, el titular de Industria dijoesperar que la modificación introducida en la Ley de Hidrocarburos traiga con el paso del tiempo “mayor competencia” y “acabe repercutiendo también en el precio”.


Soria dice que la gasolina es cara por los márgenes de las petroleras,Empresas Sector Energía. Expansión.com

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Martes, 25 Marzo   MADRID (EUROPA PRESS) Los márgenes brutos de los carburantes registraron en enero incrementos del 25% en el caso de la gasolina y del 11% en el del gasóleo con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, según se aprecia en el último informe mensual de supervisión del mercado de distribución elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este incremento de márgenes hizo que en enero el precio antes de impuestos de la gasolina fuese el cuarto más alto de la UE, por detrás de Bulgaria, Dinamarca y Malta. En cuanto al gasóleo, se registró el sexto precio más elevado.

Pese al nivel de los precios antes de impuestos, la menor carga impositiva permitió que el precio de la gasolina en España se situase en enero en la decimosexta posición en la clasificación de la UE, al marcar una media de 1,402 euros, frente a los 1,721 euros de Italia o la media comunitaria de 1,52 euros.

En cuanto al gasóleo, registró un precio medio de 1,351 euros el litro una vez incorporados los impuestos, lo que le sitúa en la decimonovena posición comunitaria, lejos de los 1,662 euros de Reino Unido. La media de la UE se situó en 1,42 euros.

La gasolina y el gasóleo se abarataron en enero, especialmente el segundo, que lo hizo en un 1%. Durante el mes, la cotización internacional de referencia para la gasolina registró descensos del 0,8%, frente al 1,9% de caídas en el caso del gasóleo.

La CNMC indica además que la demanda global de productos petrolíferos se redujo un 5,7% en el conjunto de 2013 y que todos los grupos analizados registraron caídas, especialmente el de fuelóleo, del 14%.

El informe muestra además que las estaciones de servicio de Repsol, Cepsa y BP mostraron de nuevo "precios muy alineados" que superan entre 2 y 3 céntimos de euro por litro a los de las estaciones de servicio independientes.

Además, se aprecia que los precios en autopistas se aproximan más a los precios medios de los operadores refineros que a los precios de otras redes de distribución. Mientras, el precio medio de supermercados registró niveles entre 2,7 y 2,3 céntimos de euro más bajos que en las estaciones de servicio independientes. 

Impuestos que cargan las autonomías

La CNMC también explica que varias comunidades autónomas modificaron el tramo autonómico del impuesto sobre carburantes. Mientras en Navarra y Madrid se ha eliminado, solo para los transportistas en el segundo caso, en Cantabria este tramo se redujo a la mitad, mientras que en Galicia se elevó al máximo.

El informe pone de manifiesto que las subidas del tramo autonómico del IVMDH se trasladan a los consumidores por completo, si bien las bajadas no siempre se trasladan a los consumidores con la misma celeridad.

Las provincias catalanas y sobre todo Lérida registran en enero los precios antes de impuestos más bajos, al contrario que Guipúzcoa, que está en niveles comparativamente elevados.



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Lunes, 24 Marzo  El precio de los carburantes, más alto en estaciones y autopistas que en hipermercados y otras vías

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a constatar que REPSOL (REP.MC

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)volvieron a mostrar en el mes de enero precios ?muy alineados? que superan en 2 y 3 céntimos de euro por litro a los de las estaciones de servicio independientes.

Así lo recoge el informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio hecho público este lunes por el regulador, que refleja que las estaciones de servicio independientes establecen los precios más bajos.

El informe señala que continua el alineamiento entre los principales operadores, Repsol, Cepsa y BP, con un precio medio de 1,408 euros por litro (?/lt), 1,410 ?/lt y 1,409 ?/lt respectivamente, y que aumentan las diferencias entre los operadores con capacidad de refino y el resto.

Los precios en autopistas son superiores a los establecidos fueras de estas vías, mientras que el precio medio establecido en los hipermercados es, para gasolina y diésel, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencias son de 2,7 céntimos de euro por litro (c?/lt) en gasolina 95, y 2,3 c?/lt en el caso del gasóleo A.

Además, el informe pone de manifiesto que las subidas del tramo autonómico del impuesto sobre carburantes (Ivmdh) se trasladan a los consumidores ?por completo?, si bien las bajadas ?no siempre se trasladan a los consumidores con la misma celeridad?.

Varias comunidades autónomas han modificado el tramo autonómico del impuesto sobre carburantes, como en las comunidades de Navarra y Madrid, en ésta última sólo para los transportistas, en Galicia, donde se ha reducido a la mitad, o Galicia, región en la que se ha subido al máximo.

BAJAN DE NUEVO LOS PRECIOS

En enero volvió a registrarse un abaratamiento en el precio de los carburantes, en concreto, el precio medio mensual de la gasolina 95 en la Península y Baleares disminuyó de nuevo en enero hasta situarse en 1,402 euros por litro (?/litro), mientras que el precio del gasóleo A se abarató un 1%, hasta 1,351 ?/litro.

En el mismo periodo la cotización internacional de referencia para la gasolina 95 se redujo en enero un 0,8% respecto al mes anterior y en el caso del gasóleo A, el descenso fue del 1,9%.

En el conjunto del año 2013, la demanda global de productos petrolíferos se redujo un 5,7%, de hecho, todos los grupos de productos sufrieron un descenso, especialmente el fuelóleo (-14%).

Un mes más, los precios antes de impuestos de la gasolina 95 y gasóleo A en España fueron superiores a los de los países de la UE-6 y fueron de los más elevados de la UE-28, mientras que el margen bruto (el precio antes de impuestos menos la cotización internacional de referencia) en enero superó al mismo mes del año anterior, en un 25% en gasolina 95 y en un 11% en gasóleo A.

Los precios antes de impuestos son superiores a los de las medias europeas y España asciende al cuarto puesto en el ranking de precios de la gasolina 95 y al sexto en el gasóleo A.



Leer más:  La cnmc constata precios ?muy alineados? entre repsol, cepsa y bp - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5648302/03/14/La-cnmc-constata-precios-muy-alineados-entre-repsol-cepsa-y-bp.html#Kku893Ls7mVI8k3a


  

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Domingo, 23 Marzo  La Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Ciudad Real, presidida por Isabel Rodríguez Teruel, ha vuelto a denunciar «la competencia desleal» que está sufriendo el sector y anunció que «seguirá luchando por el cumplimiento de la normativa por parte de todas las instalaciones que suministran carburantes, sean de la condición que sean» ya que, según informó la organización empresarial, «están ocasionando un grave perjuicio para las estaciones de servicio legalmente constituidas y que están asociadas a dicha organización». Así, se reiteró que éstas cumplen con todos los requisitos legales, tanto de ámbito local como regional y nacional, mientras que existen otras instalaciones que no lo hacen y «están perjudicando no sólo a este sector, sino a la ciudadanía en general».

Por este motivo, la Asociación de Estaciones de Servicio sigue presentando denuncias contra estas instalaciones que incumplen la normativa y está recogiendo las quejas que siguen llegando de los asociados sobre la permanente competencia desleal que supone para el sector la actividad de este tipo de instalaciones. De este modo, Rodríguez Teruel afirmó que «seguiremos exigiendo que se cumplan los mismos requisitos exigidos a nuestras empresas por la normativa autonómica y estatal», indicó.

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Jueves, 20 Marzo  Existen dos caminos distintos para reclamar lo ingresado, la devolución de ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial del Estado


 Unos 200 empresarios han participado en IFEMA Madrid en el seminario “El céntimo sanitario, ¿y ahora qué?” organizado por Aguayo Abogados y las publicaciones especializadas Estaciones de Servicio, Todotransporte y Autobuses y Autocares. Abrió la jornada. José Mª Elizalde, del Consejo del Sindicato de Técnicos de Hacienda GESTHA. Los socios de Aguayo Abogados, . Mariano Aguayo, . José Ángel Castillo, Magistrado en Excedencia y . Carlos Rodríguez Vallecillo Abogado del Estado en excedencia, analizaron todos los aspectos a tener en cuenta. En la mesa redonda posterior, los presidentes de las confederaciones de empresarios de estaciones de servicio representativas de la mayoría del sector, Javier Bru de CEEES, Rafael Pizarro de AEVECAR, Rafel Barbadillo de ASINTRA, Ramón Valdivia de ASTIC y José Mª Quijano de CETM, que aportaron su visión.

El llamado céntimo sanitario se ha convertido en uno de los elementos claves de nuestra actualidad jurídica más reciente. Ese fallo del TJUE condenando al Estado español por emplear un impuesto ilícito ha generado muchas noticias, en uno y otro sentido. Nuestro propio medio de comunicación realizó un reportaje explicando algunas de las consecuencias de este fallo del máximo tribunal europeo. Ahora en este enlace puedes ver las opiniones de ilustres juristas, entre ellos Mariano Aguayo, socio director de esta firma legal que organiza este seminario de corte profesional http://goo.gl/U47nA4.

Respecto a los temas tratados en este encuentro hay que señalar que : La Agencia Tributaria solo devolverá a favor del consumidor final. José Mª Elizalde, explicó con mucha claridad y contundencia que la Agencia Tributaria sólo podrá devolver el céntimo al consumidor final. Pudieran reclamarlo como sujeto pasivo también los que presentaron el modelo 569 e hicieron el ingreso, pero siempre para el consumidor final.

Aguayo Abogados explicó que a su entender existen dos caminos distintos para reclamar lo ingresado, la devolución de ingresos indebidos y la responsabilidad patrimonial del Estado. La primera sólo para los ejercicios no prescritos y siempre en favor del consumidor final y la segunda desde el año 2002 y en favor de todo aquel que demuestre un daño derivado del impuesto declarado ilegal por la sentencia.

Para la devolución de ingresos indebidos, más simple y directa, la prescripción empieza a contar desde las fechas en que se realizaron los ingresos. El primer periodo que se puede reclamar es el primer trimestre del año 2010, y habría que interrumpir la prescripción antes del 20 de abril de 2014. Se pueden reclamar lo ingresado los años 2010, 2011 y 2012.

Sin embargo para reclamar la posible responsabilidad patrimonial del estado, el plazo se tendría hasta el 26 de febrero del 2015.

Las estaciones de servicio podrán reclamar los daños causados por este impuesto, que es distinto que la devolución o el daño por el ingreso del impuesto, siempre que demuestren un perjuicio directo. Se puso el ejemplo de las estaciones ubicadas en fronteras entre comunidades con diferencias de aplicación en el IVMH. Tendrán que probar el daño y su relación causal con el impuesto.

Los que reclamaron en su día y no consiguieron una resolución favorable tendrán que salvar esta situación para no ver perjudicados sus derechos ahora.

Adjuntamos algunos modelos, mod.1 céntimo, mod. 2 céntimo, mod. 3 céntimo, cuyo uso no es obligatorio, que existen ya en la web de la Agencia Tributaria. Será determinante para obtener una devolución ágil la correcta prueba documental. También se apuntó la posibilidad que se facilitara en los próximos días un nuevo modelo específico para esta reclamación por la AEAT. A veces se está reclamando por distintos implicados: petroleras, emisores de tarjetas profesionales, estaciones de servicio y consumidores finales la devolución sobre el mismo céntimo. Será determinante quien acredite bien su derecho a la devolución.

La consecución de un resultado eficiente dependerá de la forma y prueba con la que se exija a partir de ahora los derechos que a cada uno le correspondan. Todos los participantes pidieron tranquilidad en estos momentos y que se maduren las reclamaciones en manos de expertos en la materia.

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Miércoles, 19 Marzo  El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que la Agencia Tributaria ya ha recibido un "gran número" de solicitudes de devolución del 'céntimo sanitario', el recargo introducido en el Impuesto sobre Hidrocarburos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal, y que ya hay un modelo normalizado de solicitud de devolución en Hacienda, pero advertido que aquellas reclamaciones que sean "indebidas" podrían ser sancionadas.


Así lo ha señalado Montoro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras la pregunta sobre el tema del diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que ha pedido al Gobierno que se devuelva ya lo indebidamente cobrado a los ciudadanos, ha destacado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE habla de que Ejecutivo central y Generalitat actuaron de "mala fe" y ha subrayado que "el Estado ha cometido un delito de fraude fiscal", un "caso insólito" que en un "país normal" hubiese producido la dimisión del ministro de Hacienda.


El ministro de Hacienda, que ha insistido en que el 'céntimo sanitario' ya no existe como tal desde el 1 de enero de 2013, ha afirmado que el modelo que la Agencia Tributaria tiene a disposición de los contribuyentes es de uso voluntario y está diseñado expresamente para presentar estas reclamaciones, al tiempo que también se pueden consultar las instrucciones para su cumplimentación y se aporta información sobre los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a la devolución.


UPyD acusa a Montoro de amenazar

El ministro ha querido también dejar claro que la Agencia Tributaria someterá a control las solicitudes que se presenten, de forma que la devolución se practique únicamente a quienes acrediten el derecho a su obtención, que son los consumidores, y ha adviertido de que la presentación de solicitudes "indebidas" o la utilización de datos "incorrectos, inexactos o falsos" será susceptible de sanción de acuerdo con el régimen sancionador tributario.


El diputado de UPyD ha acusado a Montoro de "amenazar a quien tenga la desfachatez de pedir lo que le han trincado", y ha considerado que "no es una manera de facilitar la consecuencia de una decisión política que fue temeraria".


Consulta de Hacienda a Bruselas

Este martes, el Ministerio de Hacienda explicó a Efe que esperará a que la Comisión Europea conteste a la consulta realizada el pasado 10 de marzo respecto a la devolución del dinero ingresado a través del 'céntimo sanitario' antes de comenzar a reembolsar lo recaudado a los afectados. Lo que pide el Gobierno es saber si la devolución íntegra del 'céntimo sanitario' conculca el derecho comunitario.


En el escrito, el Ejecutivo español recuerda que la directiva 2003/96 de la CE, de 27 de octubre de 2003, reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad y establece una cuantía mínima de tributación en los impuestos a los que se refiere, entre ellos, al de Hidrocarburos, y añade que el tramo estatal del 'céntimo sanitario' se consideró para asegurar el cumplimiento de los tipos mínimos de gravamen de los hidrocarburos exigidos por la directiva, señalan fuentes de Hacienda a Europa Press.


El Gobierno indica que esta misma duda ya se planteó al Tribunal de Justicia de la UE, que no se pronunció en su sentencia. Por tanto, el Gobierno considera que resulta necesario que la Comisión Europea se pronuncie previamente sobre si la devolución de la cuantía mínima prevista en la directiva "conculca el derecho comunitario representando la devolución una ayuda de Estado".

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Miércoles, 19 Marzo  Según el ministro, que ha efectuado estas declaraciones durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la gestión administrativa de la devolución de dicho impuesto será "costosa". Montoro ha explicado que en la Agencia Tributaria está disponible un modelo normalizado de solicitud de devolución, que es de uso voluntario y que está diseñado expresamente para presentar estas reclamaciones, al tiempo que también se pueden consultar las instrucciones para su cumplimentación y se aporta información sobre los requisitos que se deben cumplir para tener derecho a la devolución. El ministro ha recordado que se analizará cada caso de manera individualizada y que la Agencia Tributaria someterá a control las solicitudes presentadas y se devolverá el dinero "únicamente a quienes acrediten el derecho a su obtención". El titular de Hacienda ha advertido de que la presentación de solicitudes indebidas para que se devuelva lo abonado por el 'céntimo sanitario' puede ser constitutivo de infracción tributaria y objeto de sanción. No adelantar el debate de la reforma fiscal Por otro lado, Montoro ha pedido hoy al PSOE que no "adelante el debate" sobre la reforma tributaria, porque la propuesta que hay de momento sobre la mesa es la de la comisión de expertos, y hay extremos de la misma con los que el Ejecutivo no coincide, ha recordado. "Cuando sea el proyecto del Gobierno, la reforma tributaria del Gobierno, lo traeremos a esta Cámara", ha dicho el ministro de Hacienda en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, tras escuchar al diputado socialista Pedro Saura acusarle de querer acabar con las rentas medias con la propuesta de la "comisión Montoro". El titular de Hacienda ha pedido a Saura "más contenido y sensatez en su planteamiento", ya que "traigamos a la Cámara lo que traigamos ya sabemos cual es la valoración del PSOE": que el PP "sube impuestos a los pobres y se los baja a los ricos", ha ironizado. Lo que ha hecho el Gobierno ante este "gran proyecto para el siglo XXI" -ha dicho Montoro- es pedir un criterio a un elenco de expertos de reconocido prestigio que "han dado lo mejor de sí mismos" y cuya aportación valoran "con independencia de que en algún extremo estemos o no de acuerdo", al igual que se ha hecho en otros países como Reino Unido.


Montoro reconoce que la gestión del proceso de devolución del centimo sanitario será "costosa",Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com

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Viernes, 14 Marzo  Recomienda supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que es un instrumento meramente recaudatorio

Recomienda supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que es un instrumento meramente recaudatorio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español propone equiparar el tipo del gasóleo al de la gasolina "en el periodo que se estime adecuado por el Gobierno".

En su informe, la comisión presidida por Manuel Lagares señala que este aumento en la carga tributaria sobre el gasóleo sería necesaria para poder alcanzar los objetivos medioambientales y también resulta "razonable para financiar una reducción de los tributos que recaen sobre el factor trabajo".

Asimismo, destaca que el núcleo principal de la reforma que propone en los impuestos medioambientales tiene "necesariamente" que fundamentarse en una modificación profunda de la fiscalidad sobre la energía, que fije las bases imponibles a partir de las emisiones potenciales de dióxido de carbono y del contenido energético de los correspondientes productos, "garantizándose así la neutralidad del sistema fiscal en la elección por los consumidores de las diversas fuentes energéticas, por lo que es necesaria una modificación "a fondo" del Impuesto sobre Hidrocarburos.

En lo que respecta al Impuesto sobre la Electricidad, la comisión propone sustituir su actual base, que se refiere al importe facturado, por el número de kilovatios/hora consumidos, de modo que se incentive la eficiencia energética en el consumo.

En paralelo, recomienda la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que fue creado con el fin de contribuir a financiar el déficit de tarifa.

Sin embargo, considera que este impuesto no tiene ningún tipo de componente medio ambiental, sino que es un "instrumento meramente recaudatorio que termina incidiendo sobre el consumidor".

ELEVAR EL IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD.

Para compensar esta supresión, la comisión aboga por el incremento del Impuesto sobre la Electricidad y la integración en este último del canon por utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica.

No obstante, subraya que este aumento exigiría modificar la actual cesión del 100% de la recaudación líquida del Impuesto sobre la Electricidad a las comunidades autónomas para que no sea así.

Además, propone la reforma conjunta del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y del impuesto sobre almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.



Leer más:  La comisión de expertos aboga por una subida en los impuestos al gasóleo, hasta equipararlos con la gasolina - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5622312/03/14/La-comision-de-expertos-aboga-por-una-subida-en-los-impuestos-al-gasoleo-hasta-equipararlos-con-la-gasolina.html#Kku8bEKEML5A26ZO


  

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Viernes, 14 Marzo  Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) ha reclamado al Gobierno regional que cuantifique los ingresos recaudados por el llamado 'céntimo sanitario' y que especifique el mecanismo para que los ciudadanos puedan reclamar la devolución de los ingresos "indebidos".

La asociación informa de que ha remitido un escrito con tres peticiones "concretas" a la Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria , a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo que obliga a España a devolver el impuesto sobre el carburante.

En primer lugar, UCC solicita que el Gobierno cuantifique "con exactitud" los ingresos públicos recaudados en Cantabria por el céntimo sanitario. En segundo lugar, que se especifique cómo se van a devolver lo cobrado indebidamente a los ciudadanos afectados, incluyendo a los consumidores no empresarios que puedan acreditar el gasto en combustible.

Por último, piden que el dinero que sobre, correspondiente a las personas que no lo reclamen, se destine a los sectores sociales "más desfavorecidos" para, así, contribuir a paliar los efectos de la crisis entre desahuciados, desempleados y personas en situación de exclusión social.

Unión de Consumidores de Cantabria considera que "quien llevó a cabo un acto injusto, declarado contrario a derecho, aunque sea una persona pública, no puede beneficiarse de los efectos de dicha medida, por lo que el cobro indebido de tributos debe retornar a los ciudadanos que lo soportaron o, en su defecto, ser destinado a políticas sociales que contribuyan a paliar los efectos de la crisis".

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Viernes, 07 Marzo  Conseguir la devolución de las cantidades cobradas en virtud del llamado céntimo sanitario, que el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegal, será una misión imposible para los pequeños clientes. Aunque el Gobierno tiene que decidir cómo proceder en estos casos, la dificultad más significativa es que los pagos no se podrán efectuar justificándose con tickets, sino que serán necesarias las facturas para poder reclamar. Habitualmente, los conductores no profesionales no suelen pedir estos documentos, sino que se conforman con los tiques de compra, puesto que no prevén pasar los gastos ni desgravar el IVA.

El Ministerio de Hacienda y la Unión de consumidores de Málaga coincidieron ayer, a preguntas de este periódico, en señalar que esta será una de las principales trabas de quienes decidan hacer una reclamación ante la Agencia Tributaria por este concepto.

En los casos en que los clientes hayan guardado los recibos de años anteriores, el siguiente paso será pedirle a la gasolinera que emita la factura correspondiente a esa fecha; algo que tampoco es fácil, según explicó Álvaro Fontes, presidente de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Agavecar): «Solo la gente que guarde las facturas podrá reclamar; con efecto retroactivo es difícil que podamos darlas». En todo caso, cada estación de servicio será la que determine qué hacer en estos casos.

Plazo prescrito

Los contribuyentes que tuvieran la precaución de pedir las facturas en su día, o que consigan que las gasolineras las emitan a toro pasado, tendrán que dirigirse a cualquier oficina de la Agencia Tributaria y solicitar mediante un formulario específico la devolución de ingresos indebidos, tipificada en la normativa fiscal. En estos casos, desde Hacienda especificaron ayer que habrá que comprobar los datos y su posible prescripción. Además, en las próximas semanas se producirá una reunión con las comunidades autónomas, ya que la recaudación estaba transferida y muchas tenían tramo autonómico del impuesto, lo que viene a complicar más las cosas.

Para colmo, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aclara que el común de los contribuyentes sólo podrán reclamar por lo ingresado entre marzo de 2010 y diciembre de 2012, dado que el resto de ejercicios fiscales ya están prescritos. La Ley General Tributaria establece la prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de ingresos indebidos a partir de los cuatro años, por lo que únicamente los últimos ejercicios de vigencia del impuesto, que se suprimió el 1 de enero del año pasado, están en vigor todavía.

Es difícil, pero no imposible, y despachos de abogados como el de Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, entre otros, ya han puesto en marcha equipos de expertos jurídicos en todas sus delegaciones de Andalucía para tramitar las solicitudes de devolución, aunque reconocen que los principales interesados serán las empresas profesionales del transporte. Actualmente, en la Comunidad el bufete está trabajando en 186 reclamaciones de profesionales y asociaciones, que alcanzarían los 20 millones de euros.

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Jueves, 06 Marzo  ha advertido de que algunas enmiendas introducidas en el trámite parlamentario de la nueva Ley de Hidrocarburos generan un "efecto desfavorable" sobre la competencia en la comercialización de carburantes. En particular, hace referencia a las condiciones de los contratos en exclusiva entre los operadores y los empresarios de estaciones de servicio, que se han endurecido con los cambios.

más información

El precio de la gasolina baja un 2,7% en octubre y alcanza su mínimo anual

La reforma de la ley de hidrocarburos saldrá en los primeros meses del año

La primera novedad consiste en una duración máxima del contrato de un año prorrogable a tres; la segunda prohíbe las cláusulas que "fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente" en el precio de venta al público del combustible. La Comisión considera que la segunda enmienda no está justificada, y recomienda que se modifique para "eliminar elementos de incertidumbre y promover la competencia".

En todo caso, el informe de la CNMC sobre la nueva norma es favorable "en términos generales": el organismo se muestra consciente de "la escasa competencia" en el sector y de la necesidad de introducir "nuevas reglas para los contratos de suministro al por menor en exclusiva, al considerarse estos una de las principales barreras de entrada y expansión en España de operadores alternativos".

El precio de los carburantes sube por cuarta semana consecutiva

El precio medio de los carburantes ha subido la semana pasada por cuarta vez consecutiva: un 0,36% el litro de gasolina y un 0,15% el diésel, según informa el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves. El precio medio de un litro de gasolina se ha situado en 1,407 euros, mientras que el del diésel se ha quedado en 1,342 euros, un aumento del 1,44% y del 0,45%, respectivamente.

Sin embargo, si la comparación se hace con el mismo periodo del año pasado, el precio de la gasolina muestra una caída del 5,51%, mientras que el diésel se abarata un 4,01%.

Llenar un depósito de gasolina de 50 litros supone un desembolso de 70,36 euros (contra los 70,1 de la anterior semana) y de 69,1 euros si se trata de diésel (67 euros siete días antes). En la UE, el precio medio de la gasolina era de 1,536 euros, 0,129 euros más que en España, y en la eurozona del 1,566, 0,159 más. El diésel llegó a los 1,421 euros en la UE-28 (0,079 euros más que en España) y a 1,401 en la eurozona (0,058 euros más).

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Jueves, 06 Marzo  VALLADOLID, EFE Las patronales de estaciones de servicio de Castilla y León han cifrado en algo más de 600 millones de euros el «agujero» que deja el céntimo sanitario en la comunidad, consecuencia de la devolución ordenada por el Tribunal de Justicia de la UE y lo que se deja de ingresar por el descenso de las ventas. El vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustible de Castilla y León (AVECAL), Rafael Pizarro, ha calculado en unos 300 millones de euros lo que se tendrá que devolver a los consumidores en Castilla y León después de que el Tribunal de la UE haya declarado nulo el «céntimo sanitario.

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Jueves, 06 Marzo  Las agrupaciones de agricultores de Soria se muestran confiadas ante el procedimiento de devolución del importe del 'céntimo sanitario' que se ha venido cargando a los agricultores y ganaderos durante el periodo 2009/2012 en consumo de gasóleo. "Es un proceso harto difícil, más aún teniendo en cuenta la crisis económica en la que seguimos, pero esperamos que se agilice la devolución", indica Raúl Ramírez, portavoz en Soria de la Alianza por la Unión del Campo. "Ahora estamos negociando en Madrid e imagino que se procederá a la devolución rápidamente. Confiamos en ello", añade Juan Francisco Barcones, director técnico de Asaja Soria.


Ambas organizaciones coinciden en que los agricultores sorianos "tienen derecho a recibir esa devolución" de acuerdo a la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado 27 de febrero en la que se demostraba la ilegalidad del 'céntimo sanitario', al considerar que este impuesto incumple la normativa europea en materia de fiscalidad, y más concretamente la directiva sobre Impuestos Especiales.


Las comparaciones entre esta resolución y la que anuló la doctrina Parot son inevitables y los afectados esperan que las devoluciones se realicen "con la misma rapidez" que se aplicó la polémica sentencia. No obstante, los representantes de los agricultores de Soria quieren distanciarse de esta equiparación y se limitan a "esperar a que fructifiquen las negociaciones". "Ahora es momento de negociar para que este tema se solucione con el menor gasto para las Administraciones y para los propios agricultores", comenta Barcones.


El representante de Asaja quiere transmitir su confianza en el proceso a los agricultores sorianos. Barcones explica que "no es lo mismo tramitar estas devoluciones para un ciudadano de a pie que para un agricultor, que al final es una empresa". Con esta explicación el técnico se refiere a que los agricultores poseen facturas con las cuales justificar el consumo de gasóleo en los años de aplicación de esta medida".


"Los agricultores compramos muy poco gasóleo en poste, la mayoría lo adquirimos en lotes de dos, tres o cinco mil litros por lo que guardamos las facturas por lo que pueda pasar", agrega Ramírez.

"El agricultor de Soria ha notado el céntimo sanitario"

Ramírez asegura que la aplicación del céntimo sanitario sí se ha notado en los bolsillos de los trabajadores del campo de la provincia. "Sobre todo en las zonas limítrofes, donde los agricultores preferían abastecerse en surtidores de Aragón o La Rioja para evitar este impuesto".


"No obstante, tuvimos la suerte de que Castilla y León no aplicó el gravamen autonómico como sí hicieron otras comunidades", dice Barcones. "Por aquel entonces vivíamos una época de grandes sequías y la administración regional fue sensible y decidió no imponer este impuesto. Porque esa tasa sí que nos hubiera afectado, ya que no es lo mismo pagar un céntimo más por litro que cinco", agrega.


"Lo que está claro es que imponer este impuesto fue un error y esperemos que se devuelva el dinero a los agricultores sorianos de forma rápida y efectiva".

Cálculo del total a devolver a los agricultores sorianos

Del cálculo estimado por la Alianza UPA-COAG de Castilla y León a partir de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante los años 2009-2010-2011 y 2012 se acreditó un consumo de en torno a 82.506.543 euros en Soria, lo que en términos impositivos supondría un total de 495.040 euros para los 2.611 profesionales sorianos.


A nivel regional los 36.161 agricultores registraron un consumo de alrededor 1.229 millones de litros, que en términos impositivos supondría 7.379.668 euros por la aplicación del "céntimo sanitario".

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Lunes, 03 Marzo  El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que agrupa a 8.000 profesionales de esta actividad, advierte sobre la devolución del céntimo sanitario que “no todo será reclamable” ya que los consumidores que quieran beneficiarse de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo podrán solicitar su devolución en el periodo comprendido entre marzo de 2010 y diciembre de 2012. Esto es así porque la Ley General Tributaria establece un periodo máximo de cuatro años para la solicitud de los ingresos indebidos.


Por si fuera poco, desde Gestha destacan las dificultades a las que se enfrentarán los consumidores que quieran exigir la devolución de lo pagado, ya que deberán aportar a la Agencia Tributaria las facturas de los distintos repostajes, con el desglose de los litros consumidos y el detalle del impuesto devengado.


Excepciones favorables a los transportistas

Ahora bien, al planteamiento general que hacen los técnicos de Hacienda habría que añadir dos excepciones, según detallan. La primera afectaría a los profesionales que solicitaron por vía judicial la devolución del impuesto en diciembre de 2013, “aconsejados por las agrupaciones de transportistas”.


En este supuesto aquellos demandantes podrían reclamar a las “correspondientes administraciones” hasta 4.470 millones de euros, cantidad que proviene de la recaudación del impuesto desde el cuarto trimestre de 2013, fecha resultante de calcular los cuatro años anteriores a la generalización de las solicitudes de devolución.


En el segundo supuesto, concretan desde Gestha, se encontrarían los profesionales que desde el inicio exigieron la devolución del céntimo sanitario durante el periodo que estuvo vigente el mismo. “En este caso concreto, los demandantes podrán recuperar el dinero solicitado a devolver, siempre y cuando los procesos estén vigentes en los tribunales”, aclaran.

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Lunes, 03 Marzo  La Guardia Civil ha detenido a cinco personas que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para manipular estos dispositivos y desviar hacia casinos online el importe que los clientes querían destinar a recargar la tarjeta prepago de sus teléfonos móviles. Los ahora detenidos han cometido más de 2.000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de dos millones de euros.


Además de llevar a cabo las mencionadas detenciones, en el marco de la operación, bautizada como “Voluto”, los agentes del Instituto Armado han practicado cinco registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante).


Durante esos registros la Benemérita se ha incautado de varios ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de internet, para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.


La Guardia Civil lleva más de un año tras la pista de la ahora desmantelada organización criminal. En octubre de 2012, los agentes pusieron en marcha la operación tras tener conocimiento de que una red estaba poniéndose en contacto con estaciones de servicio y otro tipo de comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de terminales de pago (TPV), accediendo de este modo a las recargas telefónicas efectuadas desde los mismos y desviando el importe de esas operaciones a plataformas de juego online.


Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención de cinco personas, cuatro varones de nacionalidad española y una mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.


Modus operandi

Tras obtener a través de internet información acerca de las estaciones de servicio que efectúan recargas telefónicas, los detenidos se ponían en contacto con los responsables de estos establecimientos, a quienes decían que sus TPV tenían un problema técnico, y concertaban una visita para solucionar la supuesta incidencia.


De ese modo conseguían acceso a los TPVs y los manipulaban para obtener el número PIN de las operaciones de recarga telefónica que se realizaban a través de los mismos. Una vez obtenido ese código cargaban el importe de la recarga a cuentas que mantenían activas en plataformas de juego online que operaban en España y Gibraltar.


Tras jugar pequeñas cantidades, los integrantes de la organización, que según la Guardia Civil son “experimentados jugadores de torneos de póquer”, recuperaban el resto del dinero y lo ingresaban, ya blanqueado, en cuentas bancarias a su nombre.

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Domingo, 02 Marzo  La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha advertido de la ?dificultad documental? para reclamar la devolución del impuesto conocido como ?céntimo sanitario?, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara su ilegalidad el pasado jueves.

Así lo ha señalado en declaraciones a Servimedia el presidente de la Ceees, Javier Bru, quien avisó de la ?dificultad? para acreditar de forma documental el consumo de carburantes bajo el impuesto del ?céntimo sanitario?, aplicado en 13 comunidades autónomas y con el que el Gobierno recaudó 13.000 millones de euros.

En este sentido, Bru descartó la posibilidad de poder optar a la devolución utilizando como comprobante las compras realizadas con las tarjetas de fidelización de las estaciones de servicio, ya que ?no indica qué tipo de producto has consumido?, y puede incluir otros artículos adquiridos en la tienda, por ejemplo.

Bru explicó que el documento necesario para reclamar la devolución del ?céntimo sanitario? tiene que ser la factura, o en su defecto el ticket de compra del carburante consumido, algo ?complicado? para los particulares puesto que en su mayoría no guardan estos recibos ?ni de casualidad?.

De esta forma, Bru calificó la situación de ?indignante?, puesto que el Estado ?se va a embuchar una cantidad de dinero tremendo a sabiendas de que estaba mal cobrado?, mientras que si hubiera sido al revés, a los ciudadanos y las empresas ?les hubiera recaído todo el peso de la justicia por enriquecimiento injusto?.

FACTURAS

Los consumidores que quieran optar a la devolución deberán aportar a la Agencia Tributaria las facturas de los distintos repostajes, con el desglose de los litros consumidos y el detalle del impuesto devengado.

No obstante, se contemplan dos excepciones, la primera de ellas referente a aquellos profesionales que solicitaron por la vía judicial su devolución en diciembre de 2013, aconsejados por las agrupaciones de transportistas.

En este supuesto aquellos demandantes podrían reclamar a las correspondientes administraciones hasta 4.470 millones de euros, monto proveniente de la recaudación del impuesto desde el cuarto trimestre de 2009, fecha resultante de calcular los cuatro años anteriores a la generalización de las solicitudes de devolución.

En el segundo supuesto se encontrarían aquellos profesionales que desde el inicio exigieron la devolución del ?céntimo sanitario? durante el periodo en el que estuvo vigente, que podrán recuperar el dinero solicitado a devolver siempre y cuando los procesos estén vigentes en los tribunales.



Leer más:  Céntimo sanitario. las gasolineras advierten de la ?dificultad documental? para reclamar la devolución - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5585881/03/14/Centimo-sanitario-las-gasolineras-advierten-de-la-dificultad-documental-para-reclamar-la-devolucion.html#Kku8lSqnmOxwBKI2


  

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