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Miércoles, 17 septiembre

Los presidentes de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ángel Zamorano, y de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, rubricaron ayer un código de buenas prácticas en el sector del comercio. Tras la firma, Ruiz detalló que con este acuerdo se "da un paso más de cara a la mejora de la atención a los consumidores en un sector positivo, muy positivo, porque no estamos hablando de un sector conflictivo, sino todo lo contrario, apenas hay reclamaciones en la provincia de Cádiz referente a este sector". Tras agradecer la colaboración de la asociación provincial, explicó que hay tres bases fundamentales que sustentan el acuerdo: "En primer lugar, información al consumidor con una serie de cartelería, de facturas o tiques sobre las propias devoluciones en las compras que vayan a realizar en las estaciones de servicio". En segundo lugar, está la "formación también de cara a los profesionales de estaciones de servicio de la provincia de Cádiz. Y, por otro lado, la mediación. Una mediación en esas pocas reclamaciones que puedan existir en esta materia".


Igualmente, el responsable de la Unión de Consumidores aseguró que "siempre hemos tenido colaboración de la mano de Zamorano y de la asociación provincial. Desde esa perspectiva estamos muy satisfechos, es un paso más adelante y, por tanto, los consumidores cuando a partir de hoy vayan a repostar o utilizar un servicio de una estación de servicio, pues van a ver incrementada esa calidad que hasta ahora tenían".


Ángel Zamorano, por su parte, dejó claro que para "para nosotros es muy importante, ya que queremos dar un buen servicio". "Formamos, como decimos muchas veces, la gran familia de los gasolineros de la provincia de Cádiz y, estamos dentro de lo que es nuestra libertad de competencia, como es lógico, pero dentro de unas líneas correctas, ortodoxas y el resultado final es que no se producen prácticamente reclamaciones", aseguró el presidente de la asociación provincial, añadiendo que las pocas que se producen se solventan de manera "amigable". En ese sentido, señaló que "a los consumidores los atendemos perfectamente, las normas las cumplimos, incluso, las propias petroleras nos imponen cumplir unas normas, las famosos ISO; nuestros empleados hacen cursos periódicamente sobre todo lo que son materia explosiva, seguridad, atención al cliente... Quiero decir, que es un sector donde el personal está muy formado y eso se trasmite en la calidad del servicio que después damos". Aun así, Ángel Zamorano recalcó la importancia de este protocolo que deja "una constancia de lo que vamos a hacer en el futuro, todo lo escrito es bueno, las palabras se olvidan. El resultado es positivo, sin lugar a dudas".

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

Los TSJ exigen a Hacienda devolver el céntimo sanitario,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com

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Lunes, 15 septiembre

Gracias a la Ley 11/2013 de Medidas de apoyo al Emprendedor, se han instalado 600 puntos de suministro de gasolina "low cost", se estima que es una inversión segura y además con el concepto de franquicia, en España ya existen 600 puestos de venta, en la comunidad valenciana se encuentran ubicados 82 puestos de este servicio; la proliferación de estas gasolineras, se debe a su bajo costo, solo necesitas invertir un capital que puede estar entre los 90.000 y los 120.000 euros, y operan sin personal, son self-service, además la mayoría trabajan sin comprometerse con un distribuidor específico, lo que les da vía libre para moverse entre la oferta y la demanda, ofreciendo así mejores precios al usuario; suelen encontrarse en los polígonos industriales y en las zonas comerciales ubicadas en las periferias. Para los usuarios, seguro que les representan una serie de ventajas, es práctico y de bajo costo.


El problema es la seguridad, al no tener personal y servirse usted mismo, quedas expuesto a cualquier accidente, son materiales peligrosos, se puede derramar la gasolina y el usuario no está preparado para saber que hacer; no entiendo cómo esto pueda dar igual y no se pensó en tomar medidas al respecto, en las estaciones de servicios convencionales también existe el sírvase usted mismo, desde hace ya mucho tiempo, y siempre lo vi un poco informal, pues el usuario común no posee los conocimientos técnicos en caso de accidentes, tampoco posee el carnet de manipulación de materiales inflamables, pero por lo menos hay alguien responsable en el lugar, que pueda actuar ante cualquier incidencia; tanta seguridad que El Estado toma para otras cosas y para esto que es claramente peligroso se han hecho la vista gorda. La confederación Española de Estaciones de Servicio a través de su presidente, Javier Bru, reconocen estos hechos y alertaron sobre el tema, pero dice que el aumento de estas gasolineras "es un fenómeno que escapa del control de las organizaciones empresariales"; se deben tomar medidas en cuanto a la seguridad de estos establecimientos y que los propietarios realicen los cambios oportunos en su sistema operativo.


El estado permitió su instalación para apoyar al emprendedor y estimular la creación de empleo, pero la creación de empleo brilla por su ausencia, pues una de las características principales de estas empresas es que trabajan sin emplear personal.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Lunes, 15 septiembre

Los empresarios de las estaciones de servicio extremeñas han aplaudido la reducción del céntimo sanitario anunciada por el presidente autonómico, José Antonio Monago, aunque la consideran "insuficiente" y piden su supresión "definitiva".


El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (ARESEX), Casto Bravo, ha visto en la medida algo de "maquillaje", pues el céntimo sanitario está siendo ya suprimido en otras comunidades por ser una tasa "contraria a las leyes".


En declaraciones a Efe, Bravo ha comentado que el céntimo sanitario ha recordado que ya ha sido declarado "anticonstitucional" y "contrario a cualquier normativa europea", por lo que debería eliminarse definitivamente en la comunidad.


Por este motivo, cree que hoy se ha perdido una buena oportunidad para haber suprimido definitivamente el céntimo sanitario de la comunidad extremeña.


Además, aunque cree que la medida repercutirá en una mejora en las ventas, la ve "insuficiente" para reflotar a un sector "muy deteriorado" debido a la competencia "injusta" de las gasolineras "low cost" y de las cooperativas.


Por este motivo, cree que es "muy difícil" cuantificar cuánto pueden mejorar las ventas con la reducción del céntimo sanitario en un momento donde la facturación cae debido a las gasolineras desatendidas.


"Las gasolineras denominadas low cost están proliferando como setas en las distintas comunidades y están haciendo mucho daño al sector tradicional, pues no puede competir en esas condiciones de precios", ha indicado el presidente de Aresex.


En este sentido, las perspectivas de futuro de la actual red de gasolineras extremeña "no son buenas", y cree que desaparecerá si no se incentivan medidas para evitar las situaciones actuales.


Casto Bravo ha pedido una entrevista con los responsables de la consejería de Empleo para abordar estos temas y poner sobre la mesa el "tremendo problema" que tiene el sector de las estaciones de servicio tradicionales extremeñas.


Ha insistido en que las directrices dadas por Europa obligan a que se elimine el céntimo sanitario, pero en situaciones de crisis se busca "llenar las arcas" de las administraciones y una forma "fácil" de hacerlo es "fijarse en el automóvil".


Ha indicado que la creación de tasas como el céntimo sanitario son muy negativas para territorios como el extremeño, donde los salarios no son muy elevados; y por ello no entiende que se impulsara y se mantenga este impuesto.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Jueves, 04 septiembre

id, 4 sep (EFECOM).- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo trabaja en una modificación de la reglamentación para la seguridad de las estaciones de servicio, ha indicado hoy UGT en un comunicado tras reunirse con representantes del departamento.


CCOO y UGT se reunieron ayer con responsables de Industria para mostrar su "preocupación" ante los supuestos incumplimientos en seguridad y calidad de servicio que, en su opinión, suponen las estaciones de servicio desatendidas.


Los sindicatos aseguran haber detectado "graves incumplimientos" en "seguridad, perjuicio a los consumidores, pérdida de puestos de empleo y menosprecio a las personas con capacidades diferentes con imposibilidad de suministrase por sí solos".


Ante esta situación, según UGT, Industria ha recordado que las competencias en estaciones de servicio están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que su actuación es "limitada", aunque ha avanzado que trabaja en un cambio en la reglamentación de la seguridad, que se articulará en forma de real decreto y que incorporará una instrucción técnica complementaria.


Asimismo, Industria ha ofrecido a los sindicatos la posibilidad de incorporar propuestas a este real decreto, algo que tanto CCOO como UGT se han comprometido a trasladar "a la mayor brevedad posible".

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Miércoles, 03 septiembre

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Illescas (Toledo) ha levantado el secreto de sumario de la denominada Operación Nehar contra la estafa en el sector de los hidrocarburos, que dejó cinco detenidos en la provincia de Albacete y cerca de un centenar en todo el territorio nacional.

Según confirmaban a La Tribuna de Albacete fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el procedimiento sigue siendo de carácter reservado, por lo que sólo tienen acceso al sumario las partes personadas.

De los cinco detenidos en la provincia, tres residían en Albacete capital, mientras que los dos restantes tenían fijada su residencia en Hellín y Villarrobledo. De los tres detenidos en Albacete capital, sólo uno de ellos pasó a disposición judicial, quedando en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, donde un juez le tomó declaración en presencia de su abogado, el pasado 6 de junio.

Tras dicha declaración, fue puesto en libertad con cargos, con la obligación de presentarse ante el juez todas las veces que fuera requerido. El arrestado en Hellín tampoco pasó a disposición judicial y se desconoce lo sucedido con el detenido en Villarrobledo.


EN ILLESCAS. En cualquier caso, los arrestados que no prestaron declaración en los juzgados albacetenses, lo hicieron en el Juzgado de Illescas, que es el que lleva la causa, al que también se le remitió el Auto del Juzgado de Instrucción de Albacete.

Los delitos que se les imputan a los detenidos albacetenses se desconocen, pero se sabe que el procedimiento principal está incoado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La red, formada por nueve organizaciones distintas y extendida por 11 comunidades autónomas, transformaba gasóleo agrícola en gasóleo A, adulterado de baja calidad, que vendía a gasolineras y transportistas. La trama habría defraudado más de 5,5 millones de euros en el impuesto de hidrocarburos.

A pesar de que se ha levantado el secreto de sumario, en la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Albacete, su vicepresidente, Ignacio García Sotos, aseguraba que no tenían más noticias sobre el asunto, aunque seguían pidiendo que se hicieran públicos los nombres de  las gasolineras implicadas.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Domingo, 03 agosto

Las ventas en las gasolineras extremeñas cayeron un 40 por ciento en el primer semestre del año respecto a finales de 2013, debido a los problemas del sector, según Aresex.


El presidente de la Asociación de Gasolineras y Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Casto Bravo, ha advertido a Efe de que estas cifras demuestran las repercusiones "tan negativas" de la competencia de las gasolineras "low cost" y del mantenimiento del céntimo sanitario.


En concreto, ha precisado que las ventas en las estaciones de servicio tradicionales extremeñas, ubicadas cerca de las nuevas gasolineras "low cost" -desatendidas-, han caído una media del 50 por ciento en el último semestre.


Según Bravo, pese a la diversificación de muchas gasolineras tradicionales -han incorporado nuevos formatos de tiendas o servicios como limpieza-, una veintena ha echado el cierre durante el último año -una decena de ellas en lo que va de 2014-.


En su opinión, hace diez años no había "ninguna" estación de servicio en venta en la comunidad, pero ahora muchas no verían mal traspasar sus negocios debido a la difícil situación del sector.


Además, ha lamentado que el Gobierno extremeño no haya aún suprimido el céntimo sanitario, pues debido a este gravamen no se aprovecha el mayor tránsito de coches por la región durante el las vacaciones de verano.


Bravo ha criticado que el céntimo sanitario esté en Extremadura en el tramo más alto, lo que produce un "efecto frontera", es decir, que muchos viajeros prefieren repostar en Castilla La Mancha o Andalucía pues se ahorran unos tres céntimos el litro de carburante.


Por este motivo, el responsable de Aresex ha urgido al Gobierno autonómico a que elimine o reduzca el céntimo sanitario tal y como prometió, y ha lamentando la inacción en este tema y en el de las gasolineras "low cost".


En este sentido, ha subrayado que las gasolineras desatendidas no están generando empleo y además destruyen trabajos en las estaciones de servicio tradicionales.


Casto ha apuntado que el Ejecutivo regional se comprometió a reuniones periódicas con el sector tradicional para abordar las repercusiones de las "low cost", pero tras los cambios en la Dirección General de Industria y Energía, las negociaciones comienzan de nuevo.

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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Viernes, 01 agosto

Las gasolineras de la provincia de Ciudad Real prevén el mejor verano de los últimos años para el sector gracias al abaratamiento de los carburantes de las últimas semanas. En concreto, los profesionales valoran un mes consecutivo de descensos en todo el territorio nacional y, pese a a estar lejos de sus mejores registros, esperan un repunte de las ventas a lo largo del periodo estival de la mano de esta bajada de los precios.

Así, los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria revelan que el importe medio del litro de gasolina 95 en las estaciones de servicio de la provincia despidió ayer el mes de julio a 1,393 euros frente a los 1,46 con los que se inició el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el gasóleo también ha caído desde 1,37 euros a 1,311 durante los últimos doce meses.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia de Ciudad Real y vicepresidenta de la patronal estatal, Isabel Rodríguez Teruel, comentó a este diario que esta bajada de los precios «contrasta con las teorías de aquellos que dicen que las grandes petroleras siempre suben los precios con el inicio del verano», al tiempo que sostuvo que el abaratamiento se produce por circunstancias «del mercado» que han rebajado el valor del crudo. Además, Rodríguez Teruel subrayó que «para nosotros es mucho mejor, porque se reactiva el mercado», si bien instó a los conductores «a mirar la calidad y no sólo el precio».

En cuanto a los consumos, la responsable de la patronal ciudadrealeña descartó una reactivación y sostuvo que el inicio de la recuperación «no llegará hasta finales de 2015» aunque manifestó que «la gente se está moviendo (la DGT prevé más de 200.000 desplazamientos en la operación primero de agosto) y éste puede ser uno de los mejores veranos de los últimos años». Eso sí, dijo que julio y agosto no son meses representativos y que habrá que esperar a octubre para ver realmente en qué situación se encuentran las gasolineras ciudadrealeñas. Al respecto de los precios, Isabel Rodríguez Teruel destacó que el combustible «está en la actualidad entre 13 y 14 pesetas más barato que el año pasado».

Si no lo hace, los contribuyentes plantearán incidentes de ejecución.

El Tribunal de Luxemburgo impuso a España la máxima condena, aunque España pedía limitar los efectos de la sentencia y de que esgrimía que, de no hacerlo, sufriría graves quebrantos presupuestarios, porque el Tribunal de la UE considera que el Estado español ha actuado con «mala fe» al haber mantenido el impuesto durante varios años a pesar de las advertencias comunitarias sobre su ilegalidad.

A las dilaciones se suma que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido que quienes reclamen de forma indebida serán sancionados y a que ha alertado que la devolución dará lugar a regularizaciones de impuestos directos. Montoro ha reconocido que la AEAT ha recibido «un gran número» de peticiones de devolución.

Pueden reclamar quienes ya recurrieron y sus procesos quedaron paralizados a la espera de que Luxemburgo dictara sentencia, y es posible pedir nuevas devoluciones de casos entre 27 de febrero de 2010 y 31 de diciembre de 2012, momento en el que acabó el impuesto. Nuevas peticiones anteriores a 2010 no serán atendidas, ya que han prescrito. La sentencia de la UE avala por lo tanto los numerosos recursos que han presentado a lo largo de los años transportistas y empresas, aunque hayan prescrito.

El conjunto de recursos que cabe plantear podría suponer unas devoluciones de cerca de 4.000 millones de euros, según los expertos consultados. Además, los afectados podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por toda la década en que estuvo vigente el impuesto.

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